En 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, con un único objetivo: la erradicación total de la tortura.
La ONU define la tortura como cualquier acto en que un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia, inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.
La tortura se considera un crimen a nivel internacional, está prohibida y no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo cual quiere decir que es de obligado cumplimiento para todos los estados miembros de la comunidad internacional, aunque no hayan ratificado los tratados internacionales sobre la materia.
