En una noche de julio de 2024, alrededor de las 7 de la tarde, un hombre de 44 años, llegó en estado de ebriedad a la casa de su madre.
Su padre le impidió el ingreso, pero luego, tras la partida de éste, el acusado regresó y entró a la vivienda. La madre le pidió que se fuera, pero él exigió dinero. Ante la negativa de su progenitora, la agarró del cuello y la amenazó, impidiéndole salir del domicilio. La víctima, con temor, logró comunicarse con su otro hijo, que fue quien llamó a la policía.
Al llegar los agentes, detuvieron al agresor. La mujer declaró que su hijo era agresivo cuando consumía alcohol y drogas, solicitando una prohibición de acercamiento y su ingreso a rehabilitación.
Posteriormente, hubo otros incidentes en los que el mismo individuo, ignorando las órdenes judiciales de restricción, volvió a ingresar al domicilio familiar. En una ocasión, amenazó de muerte a su madre tras ella haber llamado a la policía. En otro evento, ingresó a la casa empujando a su sobrina.
En un incidente adicional, agredió a su padre con golpes y patadas. Durante estos episodios, el hombre vociferaba insultos y se mostraba agresivo.
En una audiencia flexible y multipropósito de la etapa de Garantías, el juez Eduardo Sangari dictó sentencia en contra del hombre tras un acuerdo de juicio abreviado en el que declaró haber cometido los delitos de desobediencia judicial (cinco hechos), violación de domicilio (cuatro hechos) y amenazas (dos hechos) en concurso real.
Como resultado, se le impuso la pena de seis meses de prisión de ejecución efectiva. Además, se ordenó su traslado a la Unidad Carcelaria 1 para cumplir la condena, donde será incorporado al programa de adicciones debido a sus problemas con el alcohol y sustancias estupefacientes.
