Este domingo, luego de varios meses de movilizaciones y protestas violentas por su descontento con el triunfo en las urnas, miles de seguidores de Bolsonaro que reclaman un golpe de Estado invadieron por cuatro horas y provocaron destrozos en el Palacio del Planalto (casa de gobierno), el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF).
Como consecuencia de estos ataques, el presidente Lula decretó la intervención federal en la seguridad de Brasilia para asumir las competencias de seguridad, recalcando que los «vándalos fascistas» que originaron el caos serán «perseguidos» y «castigados».
Los partidarios del expresidente ultraderechista, derrotado en las últimas elecciones subieron la rampa del Congreso, rompieron las ventanas del edificio e invadieron el lugar, buscando crear las condiciones para un golpe de Estado.
Hasta el momento, hay alrededor de 400 personas detenidas.
Es ese sentido, un grupo de legisladores brasileños comenzó este lunes a recabar apoyos para crear una comisión parlamentaria, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para que se investigue la eventual responsabilidad e implicancia del expresidente Jair Bolsonaro en el ataque golpista perpetrado este domingo contra los tres poderes del Estado.
