El ex diputado Suriani escrachó a una médica por hacer respetar la ILE

Ex diputado provincial, Andrés Suriani, se ve envuelto nuevamente en polémica por un acto que fue repudiado por salteños en las redes sociales.

Se trata de un escrache que realizó a una médica que hace valer la ley de interrupción legal y voluntaria del embarazo.

Ayer, en la antesala del Día del Niño por Nacer, el exdiputado Andrés Suriani escarchó a una médica mediante mensajes de WhatsApp en los cuales el exlegislador enviava diferentes fotos de una profesional que cumple con la ley 27.610.

Médica abortista en Salta. Vamos conociendo el rostro de los sicarios en Salta”. La médica es una de las cuatro profesionales que garantizan el procedimiento de interrupción legal del embarazo en el Hospital Público Materno Infantil (HPMI). La profesional de la salud prefirió guardar silencio, aunque ya se contactó con sus abogadas.

“El hospital acompañará a la médica en lo que ella decida hacer”, sostuvieron desde el HPMI.

Cabe recordar que no es la primera vez que el ex diputado realiza movilizaciones en contra del aborto, en su postura a favor de “las dos vidas”.

En 2019, cuando Suriani ocupaba una banca en Diputados, el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de Salta, llegó a pedir a las autoridades de la Cámara de Diputados que “adopte medidas ante las manifestaciones públicas” de Suriani que generan “odio hacia las mujeres”.

Las integrantes del Comité calificaron las expresiones de Suriani como “hostigamiento” y que “conspira(n) contra la consecución de la igualdad, respeto y consideración que pretende la legislación vigente”, que “es imperativa para la sociedad toda, y que pretende evitar la reproducción de los prejuicios y las prácticas basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de los géneros, etnias o creencias de las personas”.

El pedido hacía referencia a publicaciones que el legislador había realizado en sus redes sociales.

Desde el Comité expresaron que dichas manifestaciones “afectan derechos y garantías” y revisten un “peligro cuando las opiniones de un legislador, quien debe observar la ley y velar por su cumplimiento, son vertidas en redes sociales de alcance masivo”.

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