El gobierno anunció que Bitcoin y otras criptos deberán pagar el impuesto al cheque

La decisión se precisó en un anuncio que fue expuesto en el boletín oficial esta mañana mediante el decreto 796/21.

El Gobierno resolvió incluir a las operaciones con criptomonedas entre las que están comprendidas por el gravamen sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias, comúnmente denominado impuesto al cheque.

Este decreto plantea que “las exenciones previstas en este decreto y en otras normas de similar naturaleza no resultarán aplicables en aquellos casos en que los movimientos de fondos estén vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación y/o cualquier otra operación sobre criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales, o instrumentos similares, en los términos que defina la normativa aplicable”.

El programa busca aumentar exponencialmente los pagos electrónicos para formalizar la economía y reducir el uso de dinero en efectivo.

En ese sentido, el Gobierno argentino buscó reducir la carga impositiva de este nuevo esquema.

Según las primeras interpretaciones del decreto, la aplicación del impuesto no recaerá en forma directa sobre el comprador final de las criptomonedas, sino sobre las cuentas recaudadoras de las billeteras que realizan esa operación.

“el Estado tiene la obligación de resguardar un tratamiento fiscal igualitario, en este caso para aquellos Proveedores de Servicios de Pago (PSP) que cumplan funciones similares como agentes de liquidación y retención de impuestos, ya sea nacionales, provinciales o municipales”, detalla la norma.

El decreto del Poder Ejecutivo señala que “resulta prudente limitar las exenciones vigentes en el caso de intervenir determinados instrumentos, tales como monedas digitales o similares”.

En sus fundamentos, el decreto señala que la intención del gobierno explicitada al momento de presentar el Presupuesto es que “el mismo busca ser la hoja de ruta para las políticas públicas hacia una economía más tranquila, con más oportunidades para todas y todos, junto con la definición de un sendero fiscal sostenible en el mediano plazo”.

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