El gobierno apeló al rechazo de la exploración petrolera en Mar del Plata

Luego de un año agitado con manifestaciones en Chubut y distintas partes del país en contra del uso de agrotóxicos y a favor del cuidado del medioambiente, en la última parte de 2021, el gobierno había anunciado la exploración petrolera en las costas de Mar del Plata.

Por su parte, la justicia marplatense había rechazado esta exploración, ya que, de realizarse esta afectaría y contaminaría el agua de la zona.

En su fallo, el juez observó un “cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación” para autorizar el proyecto, objetó la falta de una instancia de consulta al municipio de Mar del Plata y señaló “falencias” en el estudio de impacto ambiental.

Ante esto, el Gobierno nacional apeló este martes el fallo de la Justicia de Mar del Plata que ordenó la suspensión del proyecto.

Tras hacer lugar a una medida cautelar, el gobierno nacional además pidió la recusación del juez Santiago Martín al entender que hubo “falta de imparcialidad” por la relación que mantiene con uno de los peticionantes.

Además de los fundamentos conceptuales y técnicos que refutan el fallo, la apelación presentada por la cartera de Ambiente incluye una recusación al juez actuante por manifiesta vinculación con los principales actores que promueven la cautelar que frenó la actividad, explicaron fuentes oficiales.

El planteo lo hizo lo abogada Susana Beatriz Pérez Vexina, en representación del Gobierno y en los próximos días un tribunal superior deberá decidir si sigue vigente la cautelar a la que accedió el magistrado marplatense a partir de las cuatro demandas judiciales que presentó un vecino particular, ambientalistas autoconvocados, el intendente Guillermo Montenegro y Greenpeace junto a otras organizaciones.

“La amistad del juez con los doctores Sabsay y Esain, que se ve reflejada en el trato familiar y frecuente que denota la publicación del Dr. Sabsay, puede constituir una de las causas de recusación de los jueces que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece”, sostiene la presentación.

De esta manera, el gobierno sostiene que “por razones graves de decoro y delicadeza el juez habría debido (sic) excusarse de intervenir en esta causa” y sostiene que en caso de seguir interviniendo “afectaría sin duda el debido proceso, en particular la garantía del juez imparcial”. “Se encuentra bajo graves sospechas su imparcialidad”, concluye la presentación.

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