Mientras continúa la tensión entre el Gobierno y las universidades, el titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Blanco, anticipó que las auditorias en las cuentas de las casas de altos estudios comenzarán en facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
«Dentro del cronograma vamos a privilegiar a las universidades que tienen mayor volumen de presupuesto. Probablemente arrancaremos por la UBA», explicó en diálogo con Radio Rivadavia.
El funcionario, docente de esa universidad entre 1976 y 1986, detalló que el procedimiento inicia con un relevamiento de los procesos internos de cada repartición, para luego realizar una identificación de los controles, relativa a los movimientos de fondos, y en tercer lugar se ponen a prueba para evaluar su funcionamiento.
«Revisamos el destino, la aplicación, la documentación sustentadora, si están de acuerdo los objetivos, y si se han subcontratado a terceros. Generamos un informe que se discute con las autoridades, y luego se eleva a Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete y Secretaria General de la Presidencia. También al rector», precisó.
Además, Blanco aseguró que las universidades reciben de manera positiva el aporte de la auditoria de la SIGEN debido a que, según sostuvo, «les ayuda a mejorar sus procesos y brindan capacitaciones a las unidades de auditoría interna». En cuanto a los informes preliminares, adelantó que estarán en un plazo de un mes. «Si hay un actor de la sociedad que debe dar el ejemplo de transparencia son las universidades», sentenció.
«Estamos reestructurando el equipo que estaba auditando universidades y estamos empezando algunas de las auditorias. La idea es que armemos un cronograma porque no podemos auditar las 60 universidades a la vez, y reforzar los equipos», remarcó.
Asimismo, insistió en iniciar el proceso por las universidades que no han rendido cuentas en los últimos años, y aclaró que ante el hallazgo de irregularidades se cotejará la información con las autoridades auditadas, para evitar conflictos de interpretación, y de confirmarse se derivará el informe a la Oficina Anticorrupción y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Por último, en cuanto a los resultados, si se detectan problemas de control interno, sin impacto económico, quedan en observaciones para que se corrijan, mientras que denunciarán las universidades que presentan «problemas de malversación de fondos».
