El gobierno español adoptó este martes un proyecto de ley que pretende luchar contra el desperdicio de alimentos, incluyendo multas a restaurantes y supermercados que desechen comida, similar a normas adoptadas en Italia y Francia.
«Es un instrumento legal pionero para combatir la ineficiencia en la cadena alimentaria que tiene consecuencias económicas, sociales, ambientales y éticas», dijo el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una rueda de prensa posterior a la reunión del consejo.
Se espera que la iniciativa entre en vigencia el 1 de enero de 2023 y establece que las empresas de la cadena deben contar con un plan de prevención para minimizar las pérdidas y destinar los alimentos a otros usos, con prioridad para el consumo humano.
La ley incluye multas que van dirigidas a los supermercados, restaurantes, bares o comedores de empresas que tiren alimentos a la basura.
Estas medidas no afectarán en los hogares, de los cuáles un 75% reconoce que desperdicia comida. Hay datos que respaldan a esta medida que quiere aprobar el Gobierno.
Entre las medidas que introduce esta norma, a cuyas líneas generales ha tenido acceso EL PAÍS, está la de obligar a todos los agentes de la cadena alimentaria a elaborar un plan de prevención para evitar el desperdicio.
Esos planes de prevención el ministerio propone como eje principal el consumo humano mediante la donación a entidades como los bancos de alimentos.
Las empresas estarán obligadas a concretar convenios con las organizaciones receptoras que especifiquen las condiciones de recogida, almacenamiento y transporte.
Adempas, la legislación propone que estos alimentos, siempre que se pueda, se reciclen en jugos o mermeladas.
Si el producto no sirve para el consumo animal o humano que sean utilizados como subproductos para otras industrias.
Y por último, si no sirve para ninguna de las anteriores, aprovechar ese residuo para elaborar compost u otros combustibles.
En caso de no elaborarlo, el proyecto considera que esto es una falta grave y se pueden aplicar sanciones que van de los US$ 2.140 a los US$ 64.000.
