El Comité de Derechos Humanos de la ONU abrió una investigación contra Nicolás Maduro por presunto fraude electoral en las elecciones en Venezuela del pasado julio.
A su vez, Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DDHH exigió que se conserven las actas del escrutinio para poder avanzar con la causa. Solicitaron que «el Estado parte que se abstenga de destruir el material electoral de las elecciones presidenciales” para «elaborar el acta de totalización, adjudicación y proclamación”.
La presentación fue radicada en Washington DC y denuncia fraude electoral masivo, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción al control ciudadano y supresión de acceso a la justicia en Venezuela.
Los abogados a cargo del caso aseguraron que la investigación es un “avance crucial en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela” y adelantaron que “probablemente concluirá con una decisión internacional muy trascendente e histórica que constatará que Nicolás Maduro no es el presidente electo de Venezuela”.
La denuncia “se alegan violaciones a derechos políticos en perjuicio de un venezolano común (no candidato), integrante de un grupo de millones de venezolanas y venezolanos cuyos derechos humanos han sido violados por el fraude electoral que Nicolás Maduro pretende consumar el 10 de enero de 2025″. Además, advirtieron que hubo un “patrón sistemático de desconocimiento de la voluntad popular expresada en el voto, cuando los resultados electorales no favorecen a Nicolás Maduro y sus aliados”.
Ignacio Álvarez Martínez, uno de los abogados, es venezolano y residente en EEUU y denunció que la privación del voto fue común en el extranjero. Precisó que se estima que hubo 5,5 millones de personas viviendo fuera del país habilitadas para votar, es decir, una cuarta parte del electorado.
