En un marco complicado internacionalmente por la disputa que viene llevando Rusia, los países que integran la Unión Europea (UE) llegaron este martes a un acuerdo para reducir su consumo de gas en un 15%.
Estos buscan disminuir su dependencia del suministro ruso de cara al próximo invierno, en respuesta al anuncio del gigante estatal ruso Gazprom de recortes en el flujo a partir de mañana, lo que amenaza a economías como la alemana, altamente dependientes de Moscú para la producción energética e industrial.
Este tratado mantiene una reducción voluntaria del 15% de su consumo de gas entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023 en comparación con la media de este periodo durante los cinco años previos, que en caso de emergencia sobre la seguridad del suministro sería obligatoria, pero con excepciones para algunos países como España.
La excepción se da porque se aceptó que los estados miembros que no están interconectados con las redes europeas y puedan demostrar que su infraestructura nacional de GNL se utilizan para redirigir gas a otros estados estén exentos de las reducciones de gas obligatorias.
En este caso, el Gobierno español ha acordado reducir de forma voluntaria la demanda a la mitad de lo previsto, entre un 7% o un 8, de forma que será suficiente para no tener que limitar la actividad económica, según confirmó la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la salida de la reunión de ministros europeos.
Hungría votó en contra del acuerdo, al que calificó de «inaplicable, injustificable, inútil y perjudicial», según informó a la prensa el canciller húngaro, Peter Szijjarto.
Este país, que también depende del petróleo y el gas de Rusia, declaró a mediados de julio el «estado de emergencia» ante la crisis energética, con la invasión rusa a Ucrania como telón de fondo.
Sin embargo, contrariamente a la estrategia de la UE de separarse de Moscú, Szijjarto visitó Moscú la semana pasada para discutir la compra de 700 millones de metros cúbicos adicionales de gas, que se sumarían a los 4.500 millones suministrados cada año a Budapest antes del conflicto en Ucrania.
