Perú: Pedro Castillo propuso la castración química para violadores

El presidente peruano, Pedro Castillo, anunció que evalúa la aplicación de la castración química obligatoria como pena para los acusados de abuso sexual de menores de edad, adolescentes y mujeres.

En relación al caso de secuestro y violación sexual de una niña de tres años ocurrido hace unos días en Chiclayo.

En contacto con la prensa tras asegurar que su Gobierno comenzará a analizar el tema, afirmó: “Basta ya de tanta violencia, los crímenes de violencia sexual contra los niños no serán tolerados por este gobierno, ni quedarán impunes. El dolor de esta familia también es el nuestro, me siento indignado ante tanta crueldad”.

“Este hecho atroz e inhumano nos lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos, que son nuestros niños y niñas, y la castración química es una opción, no podemos esperar más”, manifestó.

El mandatario peruano indicó que la viabilidad de esta medida deberá ser incluida en el Código Penal y que se necesitará de la aprobación del Congreso para su legalidad, tal como ya se hizo en Rusia, Estados Unidos (siete Estados), Polonia, Corea del Sur, Indonesia y Moldavia, donde se aplica.

“Exhortamos al Congreso de la República respaldar medidas concretas en favor de los más vulnerables, porque no podemos seguir tolerando estos hechos violentos que dañan nuestra integridad como sociedad y destruyen la vida de indefensos”, señaló.

Cabe recordar que la castración química es un procedimiento con el cual, a través de sustancias inyectables, se bloquea el eje hormonal que tiene el hombre a nivel del cerebro, lo que genera la pérdida de la libido o el impulso sexual. El efecto de estas sustancias se comienza a sentir recién a los 28 días de aplicadas.

El debate se abrió en el país andino en el peor momento posible, con una sociedad en agitación permanente y con el cuarto Gobierno de Castillo con casi nula aceptación. Tal es así que, a poco de conocerse las declaraciones del Presidente, varias organizaciones sociales y derechos humanos se expresaron en contra de la medida punitivista.

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