Perú: un juez permite a Keiko Fujimori seguir en libertad vigilada

La candidata presidencial, acusada por lavado de activos, no puede reunirse con testigos del caso. De reincidir, volverá a prisión preventiva


La justicia peruana ha desestimado este lunes la petición de prisión preventiva para Keiko Fujimori, en medio de la tensión posterior a las elecciones presidenciales del 6 de junio. La candidata, acusada de lavado de activos y organización criminal en el caso Odebrecht, sigue sin reconocer la victoria electoral por la mínima de su adversario, el izquierdista Pedro Castillo.

Sin embargo, el juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga exigió a Fujimori no volver a comunicarse con testigos y más de 30 coacusados en el expediente por lavado de activos, crimen organizado y obstrucción a la justicia, luego de verificar que quebró dicha condición de la libertad vigilada. Le advirtió que, de hacerlo, volvería a prisión preventiva, en la que estuvo hasta abril de 2020, cuando fue excarcelada debido a la pandemia.

La lideresa de Fuerza Popular apareció el pasado 9 de junio en una actividad transmitida en vivo por la prensa con el excongresista de su partido Miguel Torres. Lo introdujo como vocero político cuando anunciaron la presentación de cientos de pedidos de nulidad de mesas de votación en las que ganó su adversario Castillo, un profesor rural.

El candidato de Perú Libre superó a Fujimori por más de 40.000 votos en el escrutinio oficial, y desde el día siguiente del balotaje el fujimorismo ha argumentado sin presentar pruebas que hubo fraude en las mesas de votación.

La Fiscalía acusó en marzo a la hija mayor del autócrata Alberto Fujimori por haber recibido –y no haber declarado a las autoridades electorales– 1,2 millones de dólares en aportes de la transnacional brasileña Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, así como cientos de miles de dólares de otros grupos económicos peruanos.

La candidata, sus principales asesores y líderes del partido, además, burlaron las regulaciones del sistema financiero peruano simulando pequeños depósitos en la cuenta bancaria de su partido, como si procedieran de ciudadanos de a pie, cuando estaban blanqueando el dinero entregado por las empresas.

El fiscal provincial José Domingo Pérez pidió al juez variar la libertad vigilada con reglas de conducta a prisión preventiva luego de que todos los canales de televisión mostraron en la misma mesa a Fujimori con Torres, uno de los testigos del caso conocido como Cocteles-Lava Jato.

La lideresa conservadora señaló por varios años que su partido recaudó fondos para la campaña vendiendo entradas para cocteles en los que ella y su esposo participaban. Pérez, miembro del Equipo Especial de Fiscales Lava Jato, desbarató dicha versión durante decenas de audiencias judiciales en las que presentó los comprobantes de depósitos bancarios de aportantes simulados y los testimonios de los empresarios que entregaron el dinero.

Fujimori y su abogada, Giulliana Loza, rechazaron el pedido del fiscal argumentando que la norma de conducta establecida por una sala penal indicó que la prohibición de comunicación era solo con los testigos falsos aportantes, y que Torres no tenía esa condición. Sin embargo, el documento de la Superior Sala Penal solo menciona como excepciones a la madre y dos hermanos, entre los testigos, y al esposo y su abogada entre los coacusados.

Durante la audiencia, el fiscal Pérez afirmó que la acusada mostraba una “conducta desafiante” pues no solo despachaba con Torres públicamente en junio, sino que también lo hace con la abogada y excandidata presidencial Lourdes Flores Nano, otra testigo del mismo caso Cocteles-Odebrecht. Flores Nano, además, está investigada en otro expediente por haber recibido aportes de la misma constructora brasileña para su campaña electoral en 2006.

Pérez recordó que en mayo y julio del año pasado informó al juez que Fujimori ya había infringido las normas de conducta al reunirse con otras testigos, dos excongresistas de su partido, y por ello solicitó una advertencia. El juez Zúñiga verificó que nunca respondió a dichos pedidos porque llegaron a su despacho durante una interrupción de dos meses del proceso, en una de las 14 recusaciones que interpusieron contra él los abogados de los acusados fujimoristas. Como sustento de la decisión, el magistrado explicó que las excepciones se debían al vínculo familiar y profesional, pero no a la condición de testigo relacionado con aportes simulados.

“Teniendo conocimiento (Fujimori y su defensa) que (Torres y Flores Nano) son testigos, no debía haberse comunicado. Requiero a la señora Keiko Fujimori el cumplimiento estricto de todas las medidas restrictivas impuestas mediante resolución de la Segunda Sala Penal de Apelaciones del 30 de abril de 2020. De no hacerlo se dictará prisión preventiva, previo requerimiento del Ministerio Público”, expresó el juez luego de una audiencia de poco más de dos horas.

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