Reforma de la Constitución: Los constituyentes se centrarán en la Justicia y el control

Son los principales intereses entre los 11 artículos habilitados para el debate. Son 60 convencionales los que deben elegirse para reformar la Constitución.


El 4 de julio se elegirán 60 convencionales constituyentes junto a otros cargos legislativos. Entre los y las candidatas hay caras conocidas y salteños que nunca habían participado de un comicio y se dedicaban a la actividad privada como Marcos Tognolini, veterinario y candidato por el PO-MAS, Patricia Pomares, escribana candidata por Salta Independiente o Fernando Lardíes, abogado postulado por el PRO.

Varios llegan a participar de la elección a regañadientes, como Lardíes. El abogado presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para pedir la suspensión de la votación. Cuestionó la forma de elección de los convencionales, por no respetar el “principio de igualdad de voto”, es decir, cuántos electores necesita un candidato para representar a su departamento: “Yo necesitaría 25 mil y un convencional de Iruya, 521”, argumentó.

También Sonia Escudero, quien encabeza la lista de constituyentes por el Frente de Todos, cuestionó el principio de igualdad de voto y la reforma en sí por considerar que “no resuelve los problemas de fondo de los salteños”. Sin embargo, decidió participar porque “si se hace una buena modificación se puede contribuir en algo al avance institucional”.

Tognolini, uno de los candidatos de la izquierda, también criticó la reforma “por ser acotada, maniatada y consensuada entre los sectores del poder”.

Cerradas las listas, el tema pasa ahora por las posturas. La propuesta del oficialismo y que fue aprobada por ambas cámaras por ley 8.239 limitó el debate a 11 artículos, que podrán modificarse total o parcialmente.

Los temas a debatir van desde la fecha para iniciar las sesiones ordinarias, pasando por la conformación de la Auditoría, el órgano de control de la función pública, hasta la duración de los cargos de jueces de Corte, senadores, gobernador y vicegobernador y concejales. Sobre estos puntos, sin embargo, no hay grandes disputas y muchos coinciden en que es necesario limitar los mandatos.

El tema que anticipa algunos de los debates más reñidos es el de la Corte de Justicia, la cantidad de años que sus integrantes permanecen en sus puestos y la forma en que son elegidos. Si bien los y las diferentes candidatas advierten la misma enfermedad -la dependencia de la Corte con el poder político-, todos proponen diferentes remedios. En el medio se cuela la discusión sobre las “competencias extraordinarias” del mayor órgano judicial de la provincia.

El artículo a debatir es el 156 que indica que los jueces son “nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado prestado en sesión pública” y también reglamenta la duración de los cargos: “Duran seis años en sus funciones pudiendo ser nombrados nuevamente”, advierte la actual norma y sobre la inamovilidad indica que cesa cuando el magistrado puede jubilarse, aunque lo habilita a mantenerse por cinco años más si se da un “nuevo nombramiento del Poder Ejecutivo, precedido de igual acuerdo, sin intervención del Consejo de la Magistratura”.

Si bien aclaró que su postura es personal, Escudero dijo estar en contra de la propuesta del Ejecutivo, de que los jueces de Corte tengan inamovilidad. También se opone a la reelección por considerar que atenta contra la independencia de los magistrados. “La experiencia demostró que los jueces se sientan en la Corte y tratan de que sus fallos agraden al Poder Ejecutivo de turno, del que depende la renovación de sus mandatos, eso genera una relación carnal”. Por consiguiente, la abogada aseveró que los mandatos deberían ser de 10 años y puso de ejemplo a los países europeos que “tienen entre 9 y 12 años sin reelección inmediata”.

Desde Salta Independiente también están de acuerdo con la limitación de mandato de los jueces. En cuanto al sistema de selección de los altos magistrados Pomares indicó que “lo están evaluando”, aunque destacó que tienen muy en claro que “los jueces no deben ser designados por el poder gubernamental del momento”.

Desde el PRO hay quienes apuntan a un mandato de 15 años, y al igual que Escudero interpretan que hay un interés para dejar a los jueces con cargos vitalicios, interés que, aseveran, también involucra a los propios jueces. “Interpusieron una acción a través de la FAM (Federación Argentina de Magistrados) vía competencia ordinaria y la Corte la desestimó. Cuando la hicieron crearon esta Asociación de Magistrados paralela al Colegio. Quisieron reformar la Constitución mediante un recurso legal. Eso le valió al presidente de la Corte, creador de la Asociación paralela, la interposición de juicio político, uno archivado y el otro en trámite”, advirtió Lardíes.

Para Lardíes, los jueces deberían tener cargos vitalicios pero habría que modificar el sistema de elección. “Deberían ser elegidos por concurso público como los de 1ra. y 2da. instancia sin injerencia del Ejecutivo y Legislativo”, destacó. La izquierda consideró que se debe abrir la elección de jueces pero al “voto popular”. “Los jueces están mal vistos y alejados de la realidad”, destacó Tognolini. Desde el frente PO-MAS, no consideran que sea un problema el tiempo de mandato si hay “posibilidad de revocación de cualquier persona que sienta que hay un derecho que se incumple. Eso garantiza que no haya perpetuidad en el poder como privilegio”.
Por su parte, Guillermo Durand Cornejo, candidato del oficialismo por Unidos por Salta, apunta a la inamovilidad de los jueces y descartó que haya algún problema en el sistema de elección. El actual diputado insistió en que el núcleo del problema de la dependencia del Poder Judicial con respecto al Ejecutivo pasa por la inamovilidad y lo vinculó a la última reforma de la Constitución de 1998, que habilitó una segunda reelección para gobernador. “Contaminó y terminó causando un serio problema a la Justicia, pasando a una Corte política. Hemos visto en los últimos 30 años que el gobernador que le daba un acuerdo a un juez, le prestaba un segundo acuerdo”, destacó.

Supercompetencias

Con respecto a la limitación de mandatos, Escudero resaltó las competencias actuales de los jueces: “Si tuvieras esa Corte con mandatos vitalicios, con estas competencias, quedaríamos en la paradoja de que quedarían estas personas designadas por el gobernador. Elección que no es democrática porque los jueces no son elegidos por la gente”, advirtió.
Si bien sostiene personalmente que los cargos deben ser inamovibles y por concurso, Lardíes coincidió con Escudero. Recordó que algunas injerencias de la Corte son “superintendencia, notariado y competencia electoral”.
Por su lado, Durand Cornejo advirtió que este tema debería haber sido incluido para el debate: “No solo son actualmente jueces políticos, sino que tienen casi la suma del poder público, porque aparte de poder fallar por la presidencia del tribunal electoral, también tienen el jury de enjuiciamiento de los jueces por el Consejo de la Magistratura. Esto es, desde luego, un exceso de poder que no se da en ningún lugar del país”.

Lo que faltó

Sobre temas que han sido dejados de lado y consideraba importantes, Sonia Escudero destacó: “No hay nada sobre la obligación de igualdad de género en todos los estamentos públicos y privados”.
Por su parte, Guillermo Durand Cornejo indicó que era necesario tratar las competencias de los jueces de Corte. “No solo tienen esta situación de jueces políticos, sino que tienen casi la suma del poder público”.
Marcos Tognolini, el candidato a convencional del PO-MAS, aseguró que también habría que debatir el tema de los ingresos de los funcionarios y jueces para que “no sean mayor a un salario de directora de escuela de doble turno”.

El otro punto de debate: la Auditoría

Otro de los temas que suscitará debate entre los constituyentes será la composición de la Auditoría provincial.
Actualmente el órgano se rige por el artículo 169 de la Constitución Provincial y la modificación que se habilitó es sobre el punto 3, párrafo 7º, que indica: “Está integrado por tres o cinco miembros, según lo establezca la ley, con título universitario en Abogacía, Ciencias Económicas u otros graduados con especialización en administración financiera, control y auditoría. Son seleccionados por una comisión permanente de la Cámara de Diputados integrada por siete miembros, con participación de la minoría. Son designados previa audiencia pública por la Cámara de Senadores en sesión pública. Duran cinco años y pueden ser reelegidos”. La norma además establece la misma inmunidad de la que gozan los jueces. La candidata de Salta Independiente, Patricia Pomares resaltó que es un “organismo fundamental para controlar todos los gastos de la provincia”, y señaló que promoverán que esté conformado “por profesionales idóneos de diferentes disciplinas. Nosotros proponemos que los profesionales tengan mandato limitado y que todos los cargos deban ser ocupados por integrantes de partidos de la oposición“, destacó la escribana.
Desde la izquierda también quieren cambiar la conformación, pero por “el control ciudadano de los recursos”, señaló Marcos Tognolini, el candidato del PO-MAS, ya que, justificó el veterinario, “incluso poniendo alguien de la oposición no es eficaz, ya que la hora de hacer lobby hay unidad en todo el arco político, tanto del oficialismo como la oposición de los partidos dominantes“.
Por su parte, Fernando Lardíes, el candidato del PRO que trabaja en la Dirección General de Rentas como asesor, sostuvo que los integrantes deben ser nombrados por concurso: “Nada tiene que ser elegido por la Cámara de Diputados, que quede a cargo de la oposición”, indicó. Paralelamente el abogado se hizo eco de uno de los grandes problemas de la Auditoría: que quienes se presentan por la oposición luego terminan no actuando como tal. “Oposición entendemos que son todos los que no integran el frente oficialista, pero que a su vez sean nombrados por concurso, que sean personas prestigiosas que puedan elegir a los y las auditoras“, destacó.

Fuente: El Tribuno

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