El Gobierno oficializó la prohibición de los cargos hereditarios en el sector público, al establecer que en la administración estatal «no se admitirá para acceder a un empleo ningún privilegio, ventaja o beneficio» basada en el parentesco. La medida ya había sido anunciada el viernes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La decisión se implementó a través del Decreto 959/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y Sturzenegger.
La norma determina que los órganos y entes del Sector Público Nacional deberán adecuarse a lo dispuesto dentro de los 30 días desde su oficialización. Para aquellos casos en los que la normativa exceda las facultades de las autoridades, será necesario igualmente «adoptar las medidas necesarias para adecuar los regímenes a lo establecido».
DETALLE DEL DECRETO 959/2024
- Restricción de Prácticas Hereditarias: El decreto prohíbe explícitamente los privilegios de acceso a cargos públicos basados en parentesco, relación política o afinidad con personas en puestos de influencia. Se implementarán auditorías internas para asegurar que los procesos de selección se rijan exclusivamente por mérito y competencia.
- Concursos Abiertos y Públicos: Todos los concursos para ingresar a la administración pública deberán ser abiertos y accesibles al público en general. Se exigirán procesos de selección competitivos, con requisitos previamente especificados, para evitar favoritismos.
- Comités de Evaluación Independientes: La normativa ordena la formación de comités de evaluación compuestos por miembros independientes, quienes supervisarán que las selecciones sean imparciales. Estos comités deberán elaborar informes públicos sobre cada concurso, garantizando así la transparencia.
- Sanciones a Irregularidades: Se establece un régimen de sanciones para los funcionarios que incumplan con las nuevas normativas o favorezcan prácticas de nepotismo. Las sanciones van desde la suspensión hasta la destitución y se aplicarán según la gravedad de la infracción.
- Supervisión y Auditoría: El decreto habilita auditorías periódicas a cargo de la Oficina Anticorrupción para verificar que los procesos de selección sean transparentes y que no exista interferencia indebida en la selección de personal.
