Un juez advirtió el “grave estado de deterioro” de las rutas 7, 8 y 33 en Santa Fe y resaltó que el Estado Nacional no puede desligarse por el cambio de concesionarias.
El Juzgado Federal de Venado Tuerto exigió al Gobierno nacional reparar las rutas 7, 8 y 33. Estas vías cruzan el departamento General López en Santa Fe y presentan un deterioro grave.
El juez Aurelio Antonio Cuello Murúa tomó la decisión tras un amparo de la senadora provincial Leticia Di Gregorio. La presentación judicial buscaba garantizar la seguridad de los conductores en la región. Según el juez, la falta de mantenimiento oficial representa un peligro real para los usuarios.
El estado crítico de la Ruta Nacional 33
La propia Dirección Nacional de Vialidad admitió el mal estado de la Ruta 33. Los informes técnicos del organismo mostraron grietas, hundimientos y baches profundos.
En su momento, el Gobierno adjudicó las obras de reparación a la empresa Rovial S.A. Sin embargo, la firma frenó los trabajos por la falta de presupuesto. Aunque Vialidad realizó bacheos provisorios entre Venado Tuerto y Murphy, la Justicia consideró que esos arreglos resultaron insuficientes.
Incumplimientos en las rutas 7 y 8
La sentencia también cuestionó el desempeño de la empresa Corredores Viales S.A. en las rutas 7 y 8. En la Ruta 7, la firma hizo tareas menores, pero no sostuvo los trabajos en el tiempo.
En la Ruta 8, el organismo de control labró 55 actas por fallas en el contrato. La empresa argumentó que sus obligaciones no incluían la repavimentación de la calzada. Sin embargo, el juez rechazó la defensa y confirmó que la firma debía mantener el camino en buenas condiciones.
La responsabilidad del Estado frente a los usuarios
El fallo aclaró que el Estado no puede esquivar su deber por los procesos de licitación o cambio de empresas. Por esta razón, el Gobierno nacional debe asegurar los arreglos, ya sea de forma directa o a través de las firmas privadas.
El juez remarcó que el mal estado de los caminos arriesga la vida, la salud y la seguridad de la gente. Por ello, desestimó los planteos del Ministerio de Desregulación y ordenó iniciar los trabajos de forma urgente.
