Un comité de derechos humanos de la ONU acusó al gobierno de los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, de utilizar las desapariciones forzadas como un instrumento para silenciar la disidencia y controlar a la población.
Un nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua acusa al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de utilizar la desaparición forzada como un arma para aplastar a la disidencia política. El documento, titulado «La anatomía de la crueldad estatal», detalla violaciones graves y sistemáticas en el país centroamericano desde el año 2018.
Muertes en custodia y desapariciones forzadas
El comité documentó un total de 161 casos de desaparición forzada y advirtió que 29 personas continúan desaparecidas. Asimismo, los expertos confirmaron la muerte de al menos ocho personas detenidas por motivos políticos, entre quienes figuran el líder indígena miskito Brooklyn Rivera y el general retirado Humberto Ortega, hermano del mandatario.
El informe describe condiciones de detención desastrosas y una absoluta falta de atención médica adecuada. Respecto al caso de Rivera, el comité determinó que las versiones oficiales del gobierno presentan contradicciones fundamentales y carecen de respaldo independiente tras la negativa de permitir una autopsia.
Control institucional y reacción internacional
Los especialistas concluyeron que la administración centralizada de Ortega y Murillo controla directamente la policía, las prisiones y los tribunales. Esta estructura sostiene la represión interna y expande la persecución hacia el exilio y la sociedad civil.
Ante este panorama, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una reunión extraordinaria de cancilleres para evaluar medidas contra el régimen nicaragüense. Paralelamente, decenas de países y organismos internacionales exigieron la liberación inmediata de los presos políticos, el cese de los abusos y el respeto absoluto a los derechos humanos.
