La Corte de Justicia de Salta frenó la aplicación de la Ordenanza 11/2026. La norma buscaba reglamentar el juicio político contra el intendente Javier Wayar.
El máximo tribunal provincial aceptó una medida cautelar presentada por el propio jefe comunal. De esta manera, la Justicia dejó sin efecto temporal las decisiones del Concejo Deliberante.
La medida judicial representa un duro revés para los concejales de la oposición. El tribunal detectó fallas graves en el texto de la norma aprobada. La ordenanza vulnera principios básicos fijados en la Constitución Provincial. Además, los jueces señalaron serias dudas sobre las garantías para asegurar la correcta defensa de Wayar.
Los cuestionamientos a las atribuciones del Concejo Deliberante
La controversia principal se enfoca en la creación de una comisión investigadora municipal. El cuerpo legislativo pretendía usar este mecanismo para investigar y destituir al jefe comunal. Sin embargo, la resolución cuestiona el exceso de atribuciones de los ediles. Cualquier procedimiento de remoción debe respetar las normas constitucionales de la provincia.
El fallo frena el avance del proceso legislativo mientras avanza el análisis del caso. No obstante, la cautelar no resuelve todavía la constitucionalidad definitiva de la ordenanza. La decisión final tampoco suspende el trasfondo de la disputa política existente entre el intendente y los concejales.
La discusión de fondo queda en manos del tribunal provincial
El conflicto expone los límites institucionales que tienen los municipios para remover autoridades electas. La remoción de un jefe comunal exige cumplir requisitos legales muy estrictos para evitar abusos de poder.
La resolución definitiva del caso quedará en manos de los jueces de la Corte salteña. Hasta la emisión del fallo final, la Ordenanza 11/2026 permanecerá completamente suspendida. De este modo, la disputa institucional en La Merced continúa abierta en el ámbito judicial.
