Un creciente escándalo sacude al sistema educativo en Salta ante las graves denuncias de padres que aseguran que diversas escuelas públicas exigen cobros de hasta $100.000 para matricular a los estudiantes del ciclo lectivo. El caso del Colegio Secundario N.º 5026 «20 de Febrero» encendió la mecha al condicionar la inscripción de ingresantes al pago de un combo de cooperadora, seguro y cuaderno, mientras que en otros establecimientos se exige dinero en efectivo e incluso firmar compromisos de pago para no dejar a los chicos sin banco. Frente a la profunda indignación de la comunidad escolar, el Ministerio de Educación de la Provincia salió al cruce de forma tajante para recordar que el aporte a las cooperadoras es estricta y legalmente voluntario, por lo que la gratuidad de la enseñanza estatal no puede arancelarse ni estar sujeta al bolsillo de las familias.
El Colegio Secundario 20 de Febrero exige 100.000 pesos para inscribir a los ingresantes de primer año. Las autoridades explicaron que el monto abarca el seguro, la cooperadora y el cuaderno institucional. Las familias iniciaron la preinscripción en octubre mediante un código QR y completaron el trámite presencial. Sin embargo, la institución ya agotó los 40 cupos habilitados para ambos turnos.
Las denuncias de los padres se multiplicaron en diversos establecimientos estatales de la capital provincial. Varias familias afirman que los directivos exigen sumas obligatorias para completar la matrícula escolar. Por ejemplo, en la Escuela de Comercio Adolfo Güemes reclaman 60.000 pesos por alumno. Asimismo, en la Escuela Agrícola solicitan hasta 100.000 pesos para autorizar el ingreso de los estudiantes.
El Ministerio de Educación de Salta ratificó que el pago de la cooperadora tiene carácter estrictamente voluntario. Las autoridades remarcaron que ningún establecimiento puede condicionar la matrícula al aporte económico. El único cobro obligatorio por ley corresponde al Seguro Escolar, con valores de 5.400 y 2.700 pesos.
La cartera educativa instó a las familias afectadas a radicar la denuncia formal correspondiente. Los funcionarios recordaron que la Constitución garantiza la gratuidad de la enseñanza en todas las escuelas estatales. Las autoridades reiteraron que el derecho a estudiar no depende de la capacidad de pago de los padres.
La función de las cooperadoras según la normativa vigente
La Legislatura provincial impulsó normativas para regular el funcionamiento de las cooperadoras escolares en Salta. La ley protege el principio de gratuidad y prohíbe el arancelamiento de la matrícula pública. No obstante, las asociaciones desempeñan un rol clave para resolver necesidades cotidianas en los edificios educativos.
Las cooperadoras financian la compra de insumos básicos y reparaciones urgentes en las aulas. Además, los padres y vecinos gestionan los recursos para mejorar las instalaciones y apoyar proyectos pedagógicos. Sin embargo, el marco legal establece que estas contribuciones deben mantenerse siempre como aportes voluntarios.
