Un escandaloso fallo judicial sacude a la provincia de Salta tras el juicio abreviado contra Nicolás Mendioroz Juncosa, un estafador de 42 años que, tras ser deportado de Australia, admitió haber engañado a sus propios amigos para apoderarse de 164 mil dólares en un falso esquema cripto; una sentencia exprés que indigna a las víctimas al imponer apenas dos años de prisión en suspenso y permitirle al acusado caminar libre por las calles sin devolver un solo centavo tras declararse insolvente, sentando un desolador precedente de impunidad donde la estafa millonaria se resuelve con una simple firma.
La Justicia de Salta dictó sentencia en el caso contra Nicolás Mendioroz Juncosa. El acusado reconoció su responsabilidad en tres hechos de estafa vinculados con falsas inversiones en criptomonedas. La causa involucra un perjuicio económico de 164 mil dólares a tres personas de su entorno cercano.
A pesar del monto defraudado, el juez Diego Rodríguez Pipino impuso dos años de prisión de ejecución condicional. Por esta razón, el condenado no irá a la cárcel y mantendrá su libertad bajo reglas de conducta.
El caso cobró relevancia tras la deportación del imputado desde Australia. Las maniobras salieron a la luz entre mayo y octubre de 2021. El acusado prometía una rentabilidad mensual del 10% en dólares para convencer a sus víctimas.
A pocos días de su regreso al país, la defensa y la fiscalía acordaron cerrar el proceso mediante un juicio abreviado. Durante la audiencia, Mendioroz Juncosa admitió los delitos. Sin embargo, el magistrado decidió aplicar una pena menor a la solicitada originalmente por las partes.
Polémica por la falta de restitución del dinero
La resolución generó un fuerte rechazo entre las víctimas y la querella. Los afectados no prestaron conformidad al acuerdo porque el imputado se declaró insolvente ante el tribunal. De esta manera, el fallo no contempla la devolución de los fondos robados.
Especialistas en derecho explicaron que la sanción penal no implica automáticamente la reparación económica. Para intentar recuperar el dinero, los damnificados deberán iniciar acciones legales por la vía civil.
El impacto social y los antecedentes judiciales
El fallo encendió alarmas en la comunidad por la proliferación de engaños digitales y esquemas financieros en la región. Diversos sectores señalan que la condena fija un precedente preocupante para la delincuencia económica.
Las víctimas expresaron su frustración ante un sistema que cierra las causas con condenas breves y sin exigir la devolución del capital. Mientras tanto, la decisión ratifica la validez de los juicios abreviados en la provincia.
