Una escandalosa red de usura e intermediación financiera ilegal sacude a Tartagal, donde un prestamista exigía tasas de hasta el 400% y utilizaba los tribunales para embargar los sueldos, viviendas y vehículos de decenas de familias vulnerables, lo que desató un fuerte cruce institucional ante la falta de avances en la investigación fiscal.
Una grave acusación sacude a la localidad de Tartagal. Un prestamista sometió a decenas de personas a condiciones de devolución abusivas. El sujeto exigió intereses de hasta el 400% sobre el capital prestado.
La jueza civil y comercial María Eugenia Hernández Berni detectó la maniobra. La magistrada recibió una cantidad inusual de demandas judiciales presentadas por un mismo particular. El demandante solicitó el embargo de sueldos, viviendas y vehículos de unas 40 personas. Las víctimas incumplieron préstamos otorgados bajo condiciones leoninas.
El prestamista ofrecía dinero en efectivo de manera inmediata mediante publicidad digital. El esquema imponía tasas de interés anuales del 310%. Estas exigencias obligaban a los damnificados a devolver hasta un 400% más del monto recibido.
Un caso testigo de la causa involucra a una residente del barrio Villa Saavedra. La afectada solicitó un millón de pesos y la organización le exigió la devolución de cuatro millones.
La jueza Hernández Berni dio aviso al procurador general de la provincia, Pedro García Castiella. El funcionario derivó el expediente al fiscal Rafael Medina, del distrito Norte Tartagal. La magistrada solicitó investigar la posible comisión de delitos como usura e intermediación financiera no autorizada.
Ante la aparente inacción de la fiscalía, la jueza volvió a reclamar medidas concretas. Exigió allanamientos, secuestro de convenios y declaraciones de los afectados. La magistrada advirtió que su deber es proteger el patrimonio de las familias vulnerables.
Antecedentes de irregularidades y cheques retenidos
El prestamista acumuló denuncias previas en su contra por maniobras similares. Meses atrás, un grupo de cooperativistas lo señaló por realizar descuentos usurarios sobre cheques oficiales. El sujeto se quedó con casi la mitad del valor nominal de los documentos provinciales.
Pese a las denuncias anteriores, la justicia no registró actuaciones efectivas hasta el momento. La jueza Hernández Berni espera que el fiscal designado avance con las medidas necesarias para frenar el uso indebido de los tribunales en estas ejecuciones.
