Una tormenta política y judicial acorrala al Poder Ejecutivo tras la presentación de explosivas denuncias penales e iniciativas de interpelación en el Congreso contra el presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y el asesor Santiago Caputo, acusados de articular una presunta maniobra clandestina con recursos del Estado argentino para facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro hacia los Estados Unidos y burlar las restricciones dispuestas por la Justicia de Brasil.
Una fuerte controversia sacude a los tribunales de Comodoro Py. El dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano presentó una denuncia contra el presidente Javier Milei y funcionarios nacionales. La presentación acusa al Gobierno de articular un operativo para facilitar la salida del país de Flávio Bolsonaro. El Juzgado Federal a cargo de María Eugenia Capuchetti recibió la causa.
Solano sostuvo que el Ejecutivo utilizó recursos públicos para llevar a cabo la maniobra. Además, afirmó que el Presidente conocía la restricción de salida impuesta por la Justicia de Brasil. Dirección Nacional de Migraciones confirmó que el dirigente brasileño ingresó por el Puente Internacional Tancredo Neves y abordó un vuelo privado en Puerto Iguazú a las pocas horas.
La oposición legislativa impulsó medidas firmes en la Cámara de Diputados. El diputado Pablo Juliano presentó un proyecto de resolución para citar al canciller Pablo Quirno. El legislador exige aclaraciones sobre la posible participación de organismos estatales en el traslado. También busca determinar la presencia del asesor Santiago Caputo en el aeropuerto misionero.
Al mismo tiempo, otros legisladores sumaron acciones penales ante los tribunales. El diputado Esteban Paulón radico su denuncia en el Juzgado Federal 3 a cargo de Sebastián Ramos. Por su parte, la diputada Marcela Pagano formalizó una acción legal en Misiones. Las causas analizan si existió una red de ayuda dentro del Estado argentino.
Los detalles del polémico vuelo privado y la respuesta oficial
Las denuncias apuntan al uso de una aeronave contratada a la empresa Baires Fly. Diversos sectores señalan vínculos entre la firma operadora y empresarios investigados por otras causas. Además, los denunciantes cuestionan la participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la custodia y logística de la partida.
El Gobierno argentino argumenta que el dirigente brasileño ingresó y salió del país con documentación válida. Las autoridades señalaron que los sistemas locales no registraban ningún impedimento legal al momento del control. Sin embargo, los dirigentes querellantes exigen preservar los registros migratorios, las comunicaciones y las órdenes de vuelo para determinar las responsabilidades.
