La Justicia Federal dio un paso histórico en la defensa de la soberanía pesquera al declararse competente en una millonaria demanda colectiva por 26.465 millones de dólares contra empresas, aseguradoras y armadores que operan ilegalmente en las Islas Malvinas. Tras sentar un precedente clave con el freno al proyecto petrolero Sea Lion, la jueza Mariel Borruto ordenó pruebas científicas y satelitales decisivas para resolver una medida cautelar que busca paralizar por completo las faenas pesqueras no autorizadas y sancionar los vínculos comerciales no declarados en el Atlántico Sur.
La jueza federal Mariel Borruto asumió la competencia en una demanda ambiental clave. La causa busca frenar las operaciones ilegales en el Atlántico Sur.
La Fundación Agustina Lerena impulsó el reclamo por daños ecosistémicos interjurisdiccionales. El expediente exige una compensación económica de 26.465 millones de dólares.
El juzgado tramita la solicitud para paralizar los embarques pesqueros en la zona. La magistrada solicitó registros al INIDEP y a la Prefectura Naval Argentina.
El fiscal federal Marcelo Rapoport apoyó la suspensión cautelar de la actividad. El funcionario advirtió sobre el daño irreversible al recurso marino del país.
El control a las empresas nacionales y los antecedentes petroleros
El tribunal evalúa el cumplimiento del artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca. La norma prohíbe vínculos entre firmas locales y operadores sin permiso argentino.
Esta medida suma un antecedente tras el freno al proyecto petrolero Sea Lion. La magistrada suspendió las obras del yacimiento hasta cumplir la evaluación ambiental previa.
