La Unidad Ejecutora Provincial trabaja en acuerdos entre pequeños productores, familias rurales y titulares registrales para avanzar en la regularización dominial de tierras en Salta. Según explicó Pablo Fernández Savoy, subsecretario de Gestión Productiva y coordinador del organismo, actualmente hay más de 350.000 hectáreas en negociación en distintos puntos de la provincia.
El funcionario destacó que el objetivo es acompañar a las familias tanto en los aspectos productivos como jurídicos. Para ello, se brinda asesoramiento y se buscan acuerdos entre las partes que permitan resolver los conflictos sin extender los procesos judiciales durante años.
“Hoy tenemos en toda la provincia más de 350.000 hectáreas en negociación entre privados”, señaló Fernández Savoy. Según detalló, los procesos presentan diferentes grados de avance. Algunos casos están próximos a la escrituración, mientras que otros esperan la aprobación de planos, la homologación judicial de acuerdos o avanzan mediante ofertas de donación.
La ley continúa vigente
Respecto de la Ley N° 7658, Fernández Savoy confirmó que continúa vigente. Sin embargo, aclaró que el artículo 9, relacionado con los desalojos, todavía no fue prorrogado de manera definitiva.
El funcionario explicó que la prórroga cuenta con media sanción legislativa y que resta completar el trámite parlamentario. No obstante, remarcó que los pequeños productores no quedan desprotegidos mientras se espera esa definición.
En este sentido, señaló que existen otras herramientas legales contempladas en la legislación nacional, el Código Civil y las constituciones nacional y provincial. También mencionó las vías de prescripción adquisitiva y los acuerdos entre las partes como alternativas para avanzar en la regularización.
“Estamos logrando acuerdos teniendo o no el artículo 9”, afirmó el coordinador de la Unidad Ejecutora. Además, remarcó la importancia de garantizar el acceso a la Justicia, la defensa en juicio y el debido proceso.
Acuerdos para evitar conflictos y desalojos
Uno de los principales objetivos de la Unidad Ejecutora es generar acuerdos que permitan frenar conflictos judiciales y evitar situaciones de desalojo. Para Fernández Savoy, alcanzar consensos puede contribuir a generar mayor paz social en las comunidades.
Como ejemplo, mencionó un caso en el que se logró frenar un proceso judicial. Allí, 14 familias criollas y una comunidad originaria avanzan hacia la posibilidad de convertirse en titulares registrales de las tierras mediante un acuerdo.
El funcionario también destacó que, en los últimos meses, algunos titulares registrales comenzaron a acercarse a la Unidad Ejecutora para iniciar el diálogo con los pequeños productores.
“Hoy el impulso de los acuerdos, en la mayoría de los casos, lo tenemos desde el lado del titular registral”, sostuvo.
El Chaco Salteño concentra gran parte de las negociaciones
Si bien la problemática está presente en distintos puntos de la provincia, una parte importante de las hectáreas en negociación se encuentra en el Chaco Salteño.
Fernández Savoy explicó que la realidad territorial es diferente en cada región. Por eso, el abordaje de los casos requiere analizar las características particulares de cada familia y de cada terreno.
El trabajo también apunta a que la regularización de la tierra esté acompañada por herramientas que permitan mejorar la producción. En este sentido, se analizan alternativas vinculadas con pasturas, pozos de agua, cerramientos y canales de comercialización.
“Lo que necesitamos no es solamente que el pequeño productor sea dueño de su tierra, sino que la pueda producir”, afirmó.
La Unidad Ejecutora cuenta con profesionales de distintas áreas, entre ellos agrónomos, ingenieros civiles, mediadores, abogados, escribanos, contadores y veterinarios. El objetivo es aportar criterios técnicos para alcanzar acuerdos que sean sostenibles para las partes.
También avanzan en la regularización de pueblos
Otro de los ejes de trabajo está relacionado con pueblos que se encuentran dentro de fincas privadas. En estos casos, se busca evitar procesos de expropiación y avanzar mediante acuerdos con los titulares registrales.
Según explicó Fernández Savoy, existen propietarios que aceptaron realizar donaciones para permitir la regularización de estos poblados. La intención es transformar los sectores ocupados en áreas urbanas planificadas.
El proceso contempla la organización de calles y la regularización de edificios públicos, como escuelas y centros de salud. También se busca dejar espacios destinados al crecimiento futuro de las comunidades.
De esta manera, se pretende evitar que las nuevas viviendas se construyan sin planificación y que, con el paso del tiempo, vuelvan a surgir conflictos por la ocupación de tierras.
Asesoramiento gratuito para pequeños productores
Fernández Savoy recordó que las personas interesadas pueden acercarse a las oficinas del Ministerio de Producción, ubicadas en el Centro Cívico, para recibir asesoramiento.
La atención es gratuita y está destinada a quienes tengan situaciones vinculadas con la regularización dominial o conflictos relacionados con la tenencia de tierras.
Desde la Unidad Ejecutora indicaron que, luego del asesoramiento inicial, se analizan las alternativas disponibles para cada situación. La decisión final sobre el camino a seguir queda en manos del pequeño productor o del titular registral.
El funcionario sostuvo que el objetivo es promover acuerdos que permitan reducir los tiempos, los costos y la conflictividad. “Creemos profundamente que acordando es más rápido, más económico y mejor para la sociedad”, concluyó.
