El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, cuestionó con dureza la coordinación de la seguridad fronteriza. El funcionario denunció que la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, lo excluyó de una reunión clave en Salta.
Zigarán utilizó sus redes sociales para expresar su malestar por la falta de convocatoria institucional.
Además de reclamar su presencia, el interventor puso en duda los datos de un operativo de Prefectura difundido por la Nación. En dicho procedimiento, las autoridades informaron el decomiso de un cargamento de droga por 476 millones de pesos. Zigarán aclaró que el edificio mostrado en las imágenes pertenece al municipio salteño y funciona como base local de las fuerzas federales. Sus declaraciones expusieron las fallas de articulación entre los gobiernos nacional y provincial.
Malestar entre los jefes territoriales de la frontera
A los reclamos de Zigarán se sumó el intendente de Orán, Baltasar Lara Gros. Ambos funcionarios coincidieron en que la actual gestión nacional del Plan Güemes los marginó de las decisiones estratégicas. Según explicaron, el programa de seguridad perdió la coordinación fluida que mantenía con los municipios en etapas previas.
Zigarán vinculó su exclusión a las constantes críticas que realiza sobre los controles fronterizos. El interventor advierte de forma pública las deficiencias del Puesto 28 de Gendarmería Nacional. Ante este escenario, pidió a las autoridades nacionales que acepten los errores del operativo y dejen de mentirse entre los funcionarios.
Falencias operativas en una zona clave para el narcotráfico
El Plan Güemes rige desde finales de 2024 para combatir el tráfico clandestino en la frontera con Bolivia. Sin embargo, los referentes locales sostienen que las medidas vigentes no logran frenar el delito. Las autoridades municipales aseguran que los efectivos enfrentan necesidades urgentes en el territorio sin recibir el respaldo necesario.
El descontento en el norte provincial creció durante los últimos días por los nuevos controles aduaneros de ARCA. El organismo nacional redujo los montos autorizados para ingresar productos desde el país vecino. Esta situación agravó el malestar social en las localidades fronterizas, mientras los dirigentes locales exigen participar en las decisiones de seguridad.
