La policía detuvo a un cabo de Gendarmería Nacional de 36 años en la localidad de Yanda. La Justicia investiga al sospechoso por abuso sexual con acceso carnal y amenazas agravadas contra una empleada pública.
La jueza de Género Norma Morán ordenó el arresto tras la presentación de la denuncia formal en la Comisaría 16 de Los Flores.
Efectivos del Departamento Trata de Personas y Delitos Conexos ejecutaron el allanamiento en la vivienda del imputado. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron dos teléfonos celulares, una notebook, un arma de fuego, cartuchos y un uniforme oficial. El gendarme contaba con una carpeta psicológica desde hacía dos años dentro de la fuerza.
El relato de la víctima sobre la agresión y las amenazas
La denunciante declaró que mantenía contacto con el acusado desde mayo a través de redes sociales. El pasado 10 de octubre, ambos acordaron un primer encuentro presencial y se trasladaron en camioneta hasta el domicilio del hombre. Una vez en el lugar, el sujeto intentó tocarla sin su consentimiento dentro de una habitación.
Pese a los reiterados pedidos de la mujer para regresar a su casa, el agresor la sometió por la fuerza y le causó severas lesiones físicas. Asimismo, el gendarme exhibió un arma de fuego para amedrentarla durante el ataque. Tras dejarla en su domicilio, el imputado la amenazó por mensaje de texto con presuntas grabaciones de cámaras de seguridad.
Medidas judiciales y contraacusación del imputado
La fiscalía solicitó un examen médico urgente para constatar las lesiones de la víctima en el Hospital Regional. Además, peritos de la Policía Científica analizaron las prendas de vestir de la denunciante y recolectaron cámaras de la zona. La Justicia alojó al gendarme en una dependencia de seguridad a la espera de la declaración indagatoria.
Por su parte, el acusado había presentado una denuncia previa por un presunto intento de chantaje. El gendarme sostuvo ante las autoridades que el encuentro íntimo ocurrió de forma consensuada. Sin embargo, los investigadores avanzan con la recolección de pruebas biológicas e informáticas para determinar las responsabilidades penales del caso.
