A partir de las 11, la Cámara de Diputados llevará a cabo la votación por el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Con el apoyo de los legisladores del PRO y a la espera del respaldo de algunos gobernadores, el oficialismo confía en reunir el tercio que necesita para dejar firme la decisión del presidente Javier Milei.
A última hora de este martes, La Libertad Avanza parecía contar con los votos necesarios. «Mi intuición es que hoy hay una diferencia a favor de blindar el veto», dijo ayer el diputado de Unión por la Patria, Leandro Santoro.
Para sostener el veto, el oficialismo necesita un tercio del total de los votos. Es decir, si todos los legisladores estuvieran presentes y votaran, debería reunir 86 adhesiones. Pero es en este punto donde podrían jugar a su favor ausencias imprevistas. Sobre todo la de los diputados que habían anunciado su rechazo al veto.
De entrada, no estará la diputada por Córdoba Alejandra Torres, quien iba a votar contra la firma del Presidente. La legisladora atraviesa un cuadro de Covid-19. Tampoco irá el diputado de la UCR Héctor Stefani. Ni sus pares del MID, Oscar Zago, y de Encuentro Federal, Ricardo López Murphy.
En La Libertad Avanza descuentan que sus 39 legisladores se sentarán en sus bancas para respaldar el veto. Con respecto al PRO, esperan contar al menos con el respaldo de 35 de sus legisladores. Es que, en el partido amarillo, los diputados Álvaro González y Héctor Baldassi votarán en contra del veto.
Atravesada por su propia interna, la Unión Cívica Radical (UCR) también podría aportar algunos votos a favor del oficialismo. En el mejor de los escenarios, el oficialismo cree que puede alcanzar los 84 votos. Con algunas ausencias, ese piso podría bastarle para defender el veto.
El rol de los gobernadores, por otra parte, será clave. En la Casa Rosada esperaban contar con los votos de los legisladores que responden al mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo, de buena sintonía con Balcarce 50. Del mismo modo, esperan sumar a los diputados reportan a Marcelo Orrego, en San Juan, y Mario Passalacqua, de Misiones.
El veto a la Ley, aprobada en ambas cámaras por amplia mayoría, fue publicado la semana pasada en el Boletín Oficial. Un día después de otra masiva movilización en defensa de la educación pública. Con la premisa de garantizar el equilibrio fiscal, el Gobierno denunció que el Congreso busca introducir un gasto sin precisar de dónde saldrán los fondos.
Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la aplicación de esta normativa implicaría un costo fiscal de $738.595 millones, equivalentes al 0,14% del PBI. Para el Ejecutivo, la cifra es algo mayor, de 811.569 millones de pesos.
En el marco del debate, 12 universidades nacionales fueron tomadas en las últimas horas por sus alumnos. Hay cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), dos en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), dos en la Universidad de San Martín (Unsam), en la Universidad de José C. Paz (Unpaz), en la Universidad de Tres de Febrero (Untref), dos en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), dos en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en Unju de Jujuy, Santa Cruz en la UNPa, UNLPam en La Pampa, UNT en Tucumán, en el Litoral la UNL y en Mendoza la UNCuyo.
Ante la posibilidad de que el Congreso revierta la decisión del Presidente, el Gobierno no descarta acudir a la Justicia, con el argumento de que esta iniciativa viola la Ley de Administración Financiera.
