Con 144 votos afirmativos, 98 negativos y 2 abstenciones, el oficialismo logró la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Ficha Limpia, impulsado por el Gobierno tras haber trabado el debate de una propuesta similar del PRO en diciembre de 2024. La secretaria General de la Presidencia y hermana del Jefe de Estado, Karina Milei, presenció la votación.
En detalle, el texto aprobado contempla que no puedan ser candidatos o funcionarios quienes hayan sido condenados en segunda instancia por «los delitos previstos en los Capítulos VI Cohecho y tráfico de influencias, VII».
La sesión se destrabó luego de que el oficialismo aceptara modificar el dictamen tras una reunión de emergencia en el despacho de Martín Menem con diputados dialoguistas. Así, se cambió la denominada «Cláusula Petri» que proponía que no pudieran candidatearse solo los condenados en segunda instancia en el año anterior a las elecciones.
Todo el debate estuvo atravesado por la figura de la expresidenta Cristina Kirchner. Unión por la Patria (UP) denunció que el objetivo de Ficha Limpia es la «proscripción» de la hoy titular del Partido Justicialista, la principal oposición al Gobierno. En tanto, los defensores de este proyecto negaron ese propósito y afirmaron que buscan evitar la llegada de «corruptos» a la función pública.
Las únicas dos abstenciones fueron las de los diputados del bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot. «Me parece que lo del ministro de Defensa (por la cláusula Luis Petri), que no sé cómo aparece, es un verdadero mamarracho, porque además le da discrecionalidad a los jueces», explicó Pichetto al explicar su voto.
Qué busca el proyecto de Ficha Limpia
El proyecto oficial de Ficha Limpia propone una incorporación de un inciso en un artículo de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. A grandes rasgos, ese artículo enumera una serie de características que impiden ser candidato en elecciones primarias o generales y ejercer cargos partidarios entre los que se encuentran: los excluidos del padrón, el personal superior y subalterno de las fuerzas armadas y de seguridad, los magistrados, los directivos de compañías concesionarias de servicios públicos y las personas con procesamiento o condena por crímenes de lesa humanidad.
La iniciativa que impulsa el oficialismo agrega que tampoco podrán ser candidatos los condenados por delitos contra la administración pública, tales como: de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y enriquecimiento ilícito. En este punto, detallan que no es necesaria una condena firme sino que alcanza para ser excluido contar con una condena de segunda instancia, en el caso de la Justicia federal, de la Cámara Federal de Casación Penal.
La propuesta, además, establece que la Cámara Nacional Electoral creará un Registro Público de Ficha Limpia en donde constarán las sentencias que sean confirmatorias de condenas por los tipos de delitos contemplados en esta norma.
Además, el proyecto es extensivo para el nombramiento del jefe de Gabinete, de ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático y directores de empresas o entes con participación estatal, entre otros.
