La decisión judicial fue tomada en un tribunal federal en Nueva York, casi siete meses después de la captura del exmandatario venezolano y su esposa Cilia Flores en Caracas.
Los fiscales de Estados Unidos y la defensa de Nicolás Maduro acordaron una fecha clave. Solicitaron que el juicio contra el político venezolano y su esposa, Cilia Flores, empiece en junio de 2027.
La Justicia estadounidense imputa a Maduro por narcotráfico y delitos de armas. Flores también enfrenta cargos penales. En la audiencia de enero, ambos rechazaron las acusaciones.
Calendario procesal y entrega de pruebas
El documento del tribunal de Nueva York fija plazos para la causa. La Fiscalía debe entregar las pruebas a la defensa entre finales de este año y principios de 2027.
Las partes realizarán los trámites preliminares entre septiembre y marzo del próximo año. Ambás partes presentarán el pedido formal ante el juez Alvin Hellerstein en la audiencia programada.
Detención y cambio de mando en Venezuela
Tropas estadounidenses arrestaron al matrimonio el 3 de enero en su residencia de Caracas. Desde entonces, ambos permanecen en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
Tras la detención, Delcy Rodríguez asumió el mando en Venezuela como presidenta encargada. Rodríguez criticó el operativo del gobierno estadounidense. Sin embargo, también mostró disposición para colaborar con la Casa Blanca.
Disputas legales y financiamiento de la defensa
Esta cita ante el tribunal es la tercera audiencia de la pareja en Nueva York. La cárcel de Brooklyn, donde esperan el proceso, registra denuncias por fallas eléctricas y falta de personal.
Durante los últimos meses, el caso sumó varios reclamos judiciales. Las discusiones principales se centraron en las pruebas y en los honorarios de la defensa.
En abril, el Gobierno estadounidense autorizó que Venezuela pague a los abogados. Para esto, el Departamento del Tesoro modificó una licencia de sanciones.
Aunque el juez rechazó anular el expediente, la defensa insistirá con nuevos recursos. Los abogados alegarán inmunidad diplomática y cuestionarán la legalidad de la detención.
