La eliminación del subsidio en Bolivia pone en jaque al comercio fronterizo. El transporte frena sus viajes y anticipan faltantes en la región.
Este lunes 28 de septiembre, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia activó un paro nacional y un repliegue de unidades. La medida respondió al rechazo del Decreto Supremo 5716, que elimina el subsidio estatal al diésel. La movilización del transporte paralizó el departamento de Santa Cruz y sectores de Chuquisaca. Las bases sindicales suspendieron el servicio urbano e interprovincial para visibilizar el descontento ante una reforma que amenaza con disparar el costo de la vida.
En contraste, las cúpulas de transporte en La Paz, El Alto y Cochabamba mantuvieron sus operaciones de manera regular. Analistas locales señalaron que la falta de articulación respondió a presiones del Estado sobre ciertas federaciones para fragmentar la unidad sindical. La principal preocupación de los trabajadores radica en el impacto inflacionario del ajuste sobre la canasta básica. Frente a este escenario, los dirigentes exigen una nivelación justa de tarifas, precios tope para repuestos, créditos blandos y la masificación del gas natural vehicular.
Las organizaciones confirmaron que asistirán a la mesa de trabajo convocada por el Ejecutivo nacional para este martes 29 de septiembre. Los representantes sindicales adelantaron que exigirán mecanismos reales de compensación y protección social. Advirtieron que la paz social dependerá de que el Gobierno escuche las demandas populares y evite profundizar medidas de corte neoliberal.
Un nuevo esquema de precios y un acuerdo clave con el FMI
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la eliminación de la subvención al diésel tras la aprobación en el Parlamento de un acuerdo de 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El mensaje presidencial estableció un precio único para el combustible atado a la cotización internacional. Hasta entonces, regía un esquema diferenciado con tarifas menores para los transportistas. Paz explicó que el nuevo valor fluctuará con el mercado mundial y servirá para combatir el contrabando y el desvío hacia países vecinos.
Para compensar el impacto, el Gobierno prometió un paquete de diez medidas. El plan incluye el bono Pepe II para 2,9 millones de beneficiarios y hasta 800 millones de bolivianos en créditos preferenciales para transportistas, gremiales y comerciantes. Además, el Ejecutivo aumentó el bono Juancito Pinto de 200 a 300 bolivianos, eliminó aranceles a la importación de bienes de capital y extendió un perdonazo tributario por 120 días. También se anunciaron obras de pavimentación con promesas de empleo.
El anuncio se adelantó al calendario previsto, ya que los compromisos con el FMI fijaban eliminar la subvención recién en 2027. El acuerdo se sancionó como la Ley 723 e implica un financiamiento de 1.900 millones de dólares a devolver en diez años, con una tasa variable del 3,47 por ciento. El ministro de Economía, Christian Morales, explicó que los fondos no se usarán para gasto corriente y habilitarán otros 5.000 millones de organismos multilaterales como el Banco Mundial, la CAF y el BID.
El Gobierno fijó dos metas centrales: reducir el déficit fiscal al 2 por ciento y llevar las reservas internacionales a 9.000 millones de dólares para 2031. El punto de partida resulta complejo, ya que Bolivia arrastra escasez de divisas y transita un esquema de tipo de cambio flexible. Para el lector argentino, la receta resulta conocida debido al recorte de subsidios con respaldo internacional y a los vínculos de cooperación fronteriza.
