El Gobierno oficializó este martes la baja de 7.000 contratos de trabajadores estatales, de todos los entes, que se hayan firmado en 2023. Además, habrá un período de evaluación de 90 días para el resto de los empleados con vínculos previos.
La medida, formalizada a través del Decreto 84/2023, establece que las contrataciones «iniciadas a partir del 1° de enero de 2023» que «concluyan al 31 de diciembre de 2023», «no serán renovadas».
La norma prevé tres excepciones: las contrataciones «derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales», «personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación», y «personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada y que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento».
Además, las contrataciones realizadas antes del 1° de enero de 2023, «no podrán ser renovadas por un período mayor a 90 días corridos».
Por último, el decreto determina que se realice un «relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la Administración sea previa al 1° de enero de 2023», para «evaluar la renovación de las contrataciones mencionadas precedentemente».
«En el caso de que las autoridades decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación», aclara.
QUÉ ORGANISMOS INCLUYE
Según el decreto, los contratos de trabajadores estatales iniciados este año que no se renovarán son los de los siguientes entes:
- Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social.
- Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.
