El Senado de la Nación aprobó este miércoles en general el paquete de amplias reformas impulsado por el presidente Javier Milei para desregular la tercera economía de América Latina y se disponía a iniciar la votación en particular de sus artículos en el cierre de una jornada marcada por violentas protestas callejeras contra la iniciativa.
El proyecto oficial de la llamada Ley de Bases obtuvo 36 votos a favor y 36 en contra luego de 11 horas de acalorado debate, por lo que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, terminó inclinando la balanza a favor del oficialismo. La titular de la Cámara alta también definió la aprobación de la delegación de las facultades excepcionales al Presidente. La gestión de Javier Milei se anota un importante avance en su proyecto emblema.
«Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que quieren recuperar el orgullo de ser argentinos, mi voto es afirmativo», manifestó Villarruel, mientras diputados opositores cuestionaban los fundamentos de su voto.
Aunque aún resta definir las modificaciones que propondrán distintos bloques opositores en los artículos más conflictivos. Una vez que se incorporen todos los cambios, el proyecto volverá a votarse en Diputados, dado que sufrió transformaciones del texto que habían aprobado en abril. Se espera que los legisladores acompañen en el mismo sentido la reforma fiscal.
La votación final fue empate en 36 votos con rechazo del bloque de Unión por la Patria junto a Martín Lousteau y los miembros de Por Santa Cruz, que luego se retiraron del recinto y permitieron la aprobación del resto de los capítulos del proyecto con el desempate de Villarruel, con excepción a la derogación de la ley del Estatuto de Trabajo del Viajante de Comercio. A la bancada del PRO, La Libertad Avanza sumó los acompañamientos de casi la totalidad de la Unión Cívica Radical y los legisladores que integran los espacios autónomos, que responden a intereses de los gobernadores provinciales.
Para garantizarse la aprobación, el Gobierno anticipó reformas en la lista de empresas privatizables (se redujeron a seis compañías públicas), el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones y la cantidad de organismos estatales que no pueden ser disueltos (que incluyen entidades científicas, culturales y energéticas). Se esperan modificaciones en el paquete fiscal: impuesto a las Ganancias, blanqueo de capitales y monotributo social.
En tanto, unas 30 personas fueron detenidas por los graves disturbios que se registraron durante la jornada en los alrededores del Congreso entre la policía y manifestantes de izquierda que rechazan la iniciativa.
