A pesar del rechazo opositor, el oficialismo aprobó el nuevo régimen para regularizar fondos no declarados. La reforma del BCRA quedó afuera del temario.
El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II. Esta iniciativa busca otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que poseen dólares fuera del sistema financiero. El Ministerio de Economía espera que la medida reactive la actividad y desarrolle el mercado de capitales. Sin embargo, los especialistas tributarios mantienen cautela respecto a la velocidad con la que ingresarán los recursos informales al circuito legal.
Estrategia oficial y estimaciones de ahorro
El Gobierno confía en que este nuevo esquema integre una porción de los ahorros no declarados a la economía formal. Según las estimaciones del Banco Central, los argentinos conservan unos 170.000 millones de dólares fuera del sistema. Semanas atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, pidió a los jóvenes que convenzan a sus familias para llevar esos fondos a los bancos. La administración libertaria busca ampliar las fuentes de financiamiento local y reducir la dependencia de Wall Street.
Cambios clave en el régimen tributario
La nueva ley elimina las restricciones patrimoniales y de ingresos que antes impedían el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias. Además, la normativa redefine el concepto de discrepancia significativa. Ahora, la diferencia detectada por el fisco debe superar los cinco millones de pesos y el quince por ciento para considerarse una inconsistencia grave. Los contribuyentes también dispondrán de un plazo de quince días para rectificar su situación sin perder los beneficios del régimen.
Restricciones y debate parlamentario
El proyecto aprobado establece prohibiciones expresas para los funcionarios públicos y cargos de alta responsabilidad. Estas personas podrán usar el sistema como un canal operativo, pero no accederán a los beneficios ni a la presunción de exactitud. Durante la sesión, la iniciativa obtuvo 44 votos a favor y 23 en contra. Mientras el oficialismo y sus aliados defendieron la medida como un puente hacia la confianza, el bloque peronista cuestionó duramente la ley y criticó su impacto social.
