La propia fuerza detectó las irregularidades, realizó una investigación administrativa y llevó el caso a la Justicia. Reconstruyó 645 acreditaciones indebidas a 23 personas entre 2022 y 2026. Quiénes son los acusados y cuál era el sistema ilegal que utilizaron.
La Armada Argentina presentó ante la Justicia Federal una investigación interna que detectó 645 acreditaciones indebidas de haberes por un monto total de $981.148.567,88. La fuerza naval, conducida por el almirante Juan Carlos Romay, radicó la denuncia en el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos.
El origen de la investigación interna
El caso salió a la luz en febrero de 2026, durante la revisión de los haberes de enero, cuando cinco agentes del Departamento Revista cobraron suplementos indebidos. Aunque estos agentes devolvieron el dinero, la fuerza amplió la auditoría sobre períodos anteriores.
Esta revisión permitió descubrir diferencias críticas entre las liquidaciones, los recibos de sueldo y los archivos enviados al Banco de la Nación Argentina. La maniobra consistía en alterar determinados registros antes de la transmisión bancaria para incorporar pagos sin respaldo. Luego, los archivos se restituían a sus valores originales para que las modificaciones no figuraran en los recibos oficiales publicados en el sistema Haberes-Web.
Cómo operaba la red de desvíos
La investigación administrativa determinó que las irregularidades ocurrieron entre julio de 2022 y enero de 2026. La maniobra involucró a 23 personas identificadas hasta el momento, entre militares en actividad y retiro, personal civil y cuatro particulares sin relación funcional con la fuerza.
Entre los principales acusados se encuentra el capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff, exjefe del Departamento Revista, señalado como el organizador de la maniobra. Durante el sumario, Atanasoff reconoció que las operaciones se cargaban de forma manual para favorecer económicamente a personas allegadas.
Cuatro personas ajenas a la institución concentraron $434.200.718,04, destacándose María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff, quien recibió 46 acreditaciones por más de 152 millones de pesos. Asimismo, la auditoría detectó otras anomalías, como un capitán de Corbeta que cobraba haberes locales mientras realizaba una misión en el exterior.
Reacciones institucionales y medidas adoptadas
Tras constatar la gravedad de los hechos, el Ministerio de Defensa, liderado por Carlos Alberto Presti, ratificó una política de «tolerancia cero frente a cualquier irregularidad». La Armada relevó preventivamente a los implicados, resguardó los equipos informáticos utilizados para la transmisión de los lotes de pago y reestructuró el circuito administrativo separando las funciones de liquidación y conciliación bancaria.
Parte de los fondos desviados ya fue reintegrada por algunos de los involucrados, sumando restituciones por más de 42 millones de pesos. No obstante, la investigación judicial continúa su curso para determinar la dimensión total del perjuicio económico y las responsabilidades penales de todos los involucrados en el escándalo.
