Una desconexión de tres milímetros en una manguera causó la contaminación de varios lotes en el laboratorio Ramallo. La Justicia vincula este hecho con un brote que provocó al menos 90 muertes y 44 afectados en el país.
La falla ocurrió durante una etapa crítica en la elaboración de medicamentos inyectables. En ese sector, los operarios disuelven el fentanilo en agua antes de llenar las ampollas.
Un peritaje técnico indica que la manguera se desconectó en el tramo final del circuito. La agencia Noticias Argentinas difundió los detalles del informe. Los especialistas afirman que el contacto con el aire rompió las condiciones de higiene.
Las normas exigen parar la producción y descartar el producto afectado ante un incidente así. Sin embargo, los trabajadores reconectaron la manguera y siguieron con la tarea. Luego, el laboratorio distribuyó y vendió tres lotes contaminados.
Mensajes entre empleados y advertencias ignoradas
La investigación sumó chats de los teléfonos celulares incautados en los operativos. En esos mensajes, los empleados del área de control de calidad admitieron fallas graves.
Un trabajador escribió a otro sobre el fentanilo y recordó el momento de la desconexión. En la charla, admitieron que el producto estaba muy contaminado. Además, pidieron nuevas muestras cuando el lote ya circulaba en el mercado.
La fiscal Laura Rotela afirmó que la empresa recibió varias alertas sobre la peligrosidad del fármaco. A pesar de los avisos, los directivos no tomaron medidas para evitar la distribución del producto.
Intento de reesterilización y causa judicial
Las primeras muertes ocurrieron en el Hospital Italiano de La Plata. Tras los fallecimientos, la firma HLB intentó calentar las ampollas a 107 grados para desinfectarlas. Los expertos advierten que ese calor alteró las propiedades del remedio y redujo su efecto analgésico.
El juez federal Ernesto Kreplak dirige la causa judicial. La investigación busca determinar la responsabilidad de la empresa y de exfuncionarias de la Anmat y el Iname.
Además, la fiscalía investiga maniobras para ocultar pruebas. Los sospechosos habrían destruido documentos, borrado registros de fábrica y quemado evidencia. El juzgado definirá en los próximos días la situación legal de las exfuncionarias acusadas.
