En un giro judicial determinante para la provincia de Salta, la Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución del exintendente de Morillo, Atta Miguel Gerala, y lo declaró culpable de participar activamente en una red criminal dedicada al saqueo y contrabando de rieles del Ferrocarril Belgrano, valuados en más de 558 millones de pesos. Tras desbaratar el argumento que lo libró de culpa en primera instancia, los jueces concluyeron que el exjefe comunal aportó la logística, los recursos y la cobertura política imprescindible para operar a plena luz del día, por lo que el expediente regresó al tribunal de origen para que se defina de inmediato la pena que deberá cumplir tras las rejas.
La Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución de Atta Miguel Gerala, exintendente de Coronel Juan Solá (Morillo). El tribunal superior lo condenó por el desmantelamiento y contrabando de rieles del Ferrocarril Belgrano. El ex jefe comunal había logrado la absolución en abril por el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta. Ahora, los jueces de primera instancia deberán fijar el monto de su condena.
La investigación judicial comenzó en agosto de 2023 tras una denuncia de Correo Argentino. La policía halló neumáticos extranjeros sin aval aduanero en la Ruta Nacional 50. Las pesquisas condujeron a David Edilberto Medina, un comerciante de Orán. Las intervenciones telefónicas revelaron que la banda robaba rieles ferroviarios. La organización trasladaba el material en camiones y lo cruzaba a Bolivia en balsas de goma.
Las condenas previas y la investigación
La justicia salteña homologó acuerdos de juicio abreviado para otros implicados. José Miguel “Yopi” Gerala, hijo del exintendente, recibió seis años de prisión por contrabando, robo y cohecho. Medina recibió la misma sanción por esos delitos. Además, el cabo de Gendarmería Jorge Fernando Cabrera recibió dos años de prisión condicional. El agente facilitaba el paso de los cargamentos a cambio de dinero.
En abril, el tribunal de juicio absolvió a Atta Miguel Gerala por el beneficio de la duda. Los jueces argumentaron que no existían pruebas directas sobre su participación. Sostuvieron que las herramientas secuestradas no coincidían con las usadas en las vías. También señalaron que su hijo usaba la camioneta Toyota Hilux sin conocimiento del padre.
El giro en la Cámara de Casación
Los fiscales impugnaron la absolución por considerarla arbitraria. Argumentaron que el tribunal valoró las pruebas de manera aislada. Los jueces Daniel Antonio Petrone y Javier Carbajo votaron por revocar la absolución. En cambio, el magistrado Alejandro Slokar votó en disidencia para mantener el fallo inicial.
La mayoría determinó que el exintendente realizó un aporte consciente al robo. Gerala gobernó el municipio durante casi tres décadas y ejercía un control total del territorio. Los delincuentes desmantelaron el ramal durante ocho meses a plena luz del día. Además, usaron a personas de comunidades originarias que trasladaban en el vehículo del funcionario.
Durante el allanamiento en la vivienda de Gerala, las fuerzas de seguridad incautaron 15 rieles ilegales. También hallaron herramientas compatibles con el corte de metales. Casación declaró a Gerala partícipe necesario de contrabando triplemente agravado y robo en banda. Los bienes sustraídos superan los 558 millones de pesos.
Ratificación de penas y pasos judiciales
En el mismo fallo, Casación ratificó la condena al oficial policial Mauro Rodríguez a tres años de prisión en suspenso. Los jueces validaron los mensajes del teléfono de “Yopi” Gerala. En ese chat, el oficial negociaba coimas para permitir el paso de camiones sin inspección.
El Libro de Guardia del destacamento confirmó la presencia del oficial en la Ruta Nacional 81 durante esas conversaciones. De este modo, la causa regresa al tribunal de Salta para fijar la pena correspondiente a Gerala.
