La investigación penal contra José Antonio “Kiko” Fernández avanza. El dueño de la finca La Montanera y del emprendimiento “Cerdo Negro” en Cerrillos enfrenta un plazo de seis meses fijado por la fiscalía.
El fiscal general Eduardo Villalva y la fiscal subrogante Paula Gallo formalizaron el caso el 2 de septiembre. En esa oportunidad, imputaron a Fernández por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada por el número de afectados, la situación de vulnerabilidad y la consumación del hecho, según el Código Penal. A casi un mes de la formalización, la principal novedad radica en el cambio de estrategia legal y la contratación de nuevos defensores.
Las condiciones de precariedad laboral
La causa se originó a partir de una denuncia anónima. Los fiscales detallaron que algunos trabajadores vivían en condiciones de extrema precariedad en habitaciones con piso de tierra, camas hechas con palets y baños de letrinas, mientras que debían calentar agua en tachos para bañarse.
Además, expusieron fotografías de la finca y describieron la situación de veinte empleados. Las remuneraciones no superaban los $500 mil pesos en general. Los fiscales sostuvieron que la carga horaria resultaba excesiva y que el empresario no pagaba horas extras, feriados ni domingos. Tampoco cubría a los empleados ante enfermedades o accidentes.
Como ejemplo, mencionaron que un trabajador sufrió un lesiones en una pierna durante la labor, pero el imputado no lo asistió y un familiar debió trasladarlo. El empleado no recibió compensación ni pagos por los días perdidos. Los fiscales también indicaron que el empresario disponía de los trabajadores de manera discrecional.
Los registros figuraban para la cosecha de tabaco, pero luego derivaban al personal hacia otras tareas, en especial la cría de cerdos negros. La fiscalía calificó esta maniobra como una práctica ilegal habitual para abonar salarios menores antes de destinarlos a la producción porcina o a la cosecha de aceituna. La investigación expuso el caso de adultos mayores explotados con tareas excesivas y pagos mínimos, a tal punto que uno de ellos asistía a un comedor de Cáritas porque no le alcanzaba para comer.
La defensa del empresario y el cambio de abogados
Tras la acusación, Fernández se mostró enfurecido y se consideró víctima. Afirmó que la denuncia perjudicaba su imagen, ya que su restaurante recibió un reconocimiento del Congreso de la Nación y fue visitado por personalidades como la vicepresidenta Victoria Villarruel.
“Creo que no he cometido ningún delito, esto me pasa por ayudar a la gente”, declaró. Respecto a la precarización, argumentó que los baños con letrina no estaban habilitados, pero los empleados los usaban por decisión propia.
Sus primeros dos abogados defensores calificaron las acusaciones como infundadas y presentaron diversos recursos, incluidos planteos de inconstitucionalidad. Durante la audiencia, uno de los defensores protagonizó un momento distendido al olvidar el artículo legal que cuestionaba.
Por su parte, la fiscalía replicó que la defensa conocía la investigación desde su inicio, hacía seis meses, sin aportar pruebas como las fotografías de las viviendas con aire acondicionado que mencionó el imputado. Los fiscales aclararon que la normativa del sistema acusatorio no los obliga a notificar a la defensa, la cual debe generar sus propias pruebas.
Estos argumentos debilitaron la postura inicial. Pocas semanas después de la imputación, el empresario despidió a sus letrados y contrató al estudio jurídico de un exjuez federal que también integró la Corte de Justicia de Salta.
