Mientras los sectores populares y los pequenos productores de la provincia enfrentan el ahogo financiero, la desocupacion y la falta de infraestructura basica, las prioridades de la política institucional vuelven a alinearse con los intereses de los grandes pooles de siembra y el capital agrario.
La Cámara de Diputados de Salta avanzó con dictámenes favorables. Las comisiones de Justicia y de Producción aprobaron un proyecto de declaración. La iniciativa lleva la firma del diputado Néstor Eduardo Parra Ruiz de los Llanos. El texto exige a los legisladores nacionales por la provincia que impulsen la modificación del Código Penal de la Nación.
El proyecto busca tipificar figuras específicas y agravantes. Su meta es castigar con mayor dureza las conductas que provocan destrucción, inutilización o deterioro de bienes e infraestructura agropecuaria. La medida se aplicará incluso cuando no exista un fin de apropiación o robo. Entre los blancos a proteger figuran la rotura de silobolsas, silos, tolvas y maquinaria agrícola. También abarca sistemas de riego y cualquier daño que comprometa la capacidad productiva de los establecimientos.
Fundamentos del expediente legislativo
El texto respalda el Expediente N° 2248-D-2026 presentado en el Congreso de la Nación. Los fundamentos señalan que el Código Penal ya contempla figuras como el abigeato o el robo de insumos. Sin embargo, carece de un marco punitivo específico para castigar los daños deliberados sobre la infraestructura y el grano acopiado. Como ejemplo, el documento destaca el impacto económico negativo que generan las perforaciones de silobolsas sobre el circuito comercial.
Debate sobre prioridades políticas y sociales
La premura institucional por blindar penalmente las inversiones del agronegocio genera controversia. Diversos sectores cuestionan el contraste frente a la parálisis estatal ante las emergencias sociales que golpean los territorios. Mientras los grandes exportadores y propietarios rurales reclaman mayores garantías de seguridad punitiva para sus ganancias, el aparato legislativo opera con rapidez para garantizarles protección. De este modo, la situación deja al desnudo qué sectores reciben atención prioritaria por parte de la clase política en tiempos de ajuste.
