El máximo tribunal cerró una puerta procesal y consolidó un expediente por contratos durante dos gestiones provinciales. El ex funcionario podría quedar detenido nuevamente.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a ocho años de cárcel contra Sergio Urribarri. El exgobernador de Entre Ríos y exembajador argentino en Israel deberá cumplir su pena en prisión. Además, el fallo le impide volver a ejercer cargos públicos de por vida. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los recursos que presentó la defensa. Por esta razón, la Fiscalía solicitará la detención inmediata del exmandatario.
El mecanismo utilizado para desviar fondos públicos
La investigación judicial probó que la gestión de Urribarri montó una red para desviar dinero del Estado. Entre enero de 2010 y septiembre de 2015, los implicados realizaron 143 operaciones irregulares. Estas maniobras provocaron un perjuicio económico de $12.170.338,96 a las arcas de la provincia.
El esquema canalizaba fondos públicos hacia empresas publicitarias vinculadas a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador. Para ocultar al verdadero dueño, los sospechosos registraron las firmas a nombre de terceras personas. Asimismo, los funcionarios otorgaban contratos sin cumplir las licitaciones ni garantizar la competencia de oferentes. Luego, el Poder Ejecutivo aprobaba las contrataciones por decreto y firmaba actas con servicios ficticios. El dinero financió campañas de publicidad oficial, la Cumbre del Mercosur de 2014 y la campaña presidencial de Urribarri.
Las penas para los demás implicados en el caso
El fallo del máximo tribunal también confirmó las condenas contra los otros imputados en la causa. El exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el propio Juan Pablo Aguilera recibieron penas de seis años y seis meses de prisión. Ambos actuaron como partícipes primarios en los delitos de peculado y negociaciones incompatibles.
Por su parte, los jueces ratificaron condenas de prisión en suspenso para el resto de los involucrados. Gustavo Tamay, Corina Cargnel y Gerardo Caruso recibieron tres años de prisión en suspenso. En tanto, Luciana Almada y Emiliano Giacopuzzi deberán cumplir dos años y seis meses de prisión en suspenso como partícipes secundarios.
El recorrido de la causa y la situación del exmandatario
El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná dictó la sentencia original el 7 de abril de 2022. En aquel momento, la Justicia comprobó los delitos cometidos durante las gestiones de Urribarri entre 2007 y 2015.
Posteriormente, el dirigente se desempeñó como embajador argentino en Israel. Entre noviembre de 2024 y enero de 2025, el exgobernador estuvo detenido durante 50 días por riesgo de fuga. Luego recuperó la libertad mientras esperaba la decisión final en su domicilio. Ahora, la Justicia de Entre Ríos deberá ordenar su detención y ejecutar la pena en un centro penitenciario.
Los argumentos legales planteados por el tribunal
Los jueces de la Corte Suprema rechazaron los recursos extraordinarios mediante el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Esta norma permite descartar apelaciones cuando la causa no presenta una cuestión federal suficiente.
Además, el juez Ricardo Lorenzetti citó el precedente «Vidal» para aclarar la decisión. El magistrado remarcó que rechazar una queja por esa vía no implica opinar sobre el acierto de la sentencia previa, sino dar por terminada la revisión en la instancia nacional. Con este paso, la condena quedó totalmente firme para todos los acusados.
