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La Justicia declaró inconstitucional la fórmula jubilatoria de la gestión de Alberto Fernández y exige recálculo de haberes

Un fallo judicial que marca un precedente clave en materia previsional acaba de declarar inconstitucional la fórmula jubilatoria aplicada durante la gestión de Alberto Fernández al comprobar que provocó una pérdida del poder adquisitivo cercana al 47%, ordenando recalcular los haberes bajo el esquema sancionado en el gobierno de Mauricio Macri y abriendo la puerta a nuevos reclamos contra la ANSES.

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria de la ley 27.609. El Gobierno nacional aplicó este esquema entre 2021 y mediados de 2024. Ahora, los jueces ordenaron reemplazar ese cálculo por el mecanismo de la ley 27.426, que el Congreso aprobó durante la gestión de Mauricio Macri.

Los magistrados Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado firmaron esta resolución tras analizar una demanda particular contra la ANSES. Con esta medida, revocaron un fallo previo que había rechazado el reclamo de la jubilada Carmen Galletta. El tribunal dispuso recalcular su haber desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive. A partir de julio de 2024, la liquidación deberá continuar con las actualizaciones mensuales por inflación del decreto 274/2024.

Una pérdida del poder adquisitivo cercana al 47 por ciento

En sus fundamentos, el juez Fantini explicó que la ley 27.609 solo consideraba los salarios y la recaudación tributaria. El sistema dejaba afuera la inflación y carecía de un piso mínimo ante la suba de precios. Como resultado, el mecanismo generó un fuerte desfasaje frente al costo de vida real.

Para probar el daño económico, la Cámara comparó los números entre marzo de 2021 y marzo de 2024. Durante ese lapso, la fórmula cuestionada otorgó un aumento acumulado del 553,55 por ciento. En cambio, el Índice de Precios al Consumidor alcanzó el 1.129,07 por ciento. Esta diferencia provocó una pérdida del poder de compra del 46,83 por ciento.

Además, el fallo aclaró que los bonos y ayudas extraordinarias no compensaron esa caída. Los jueces señalaron que esos refuerzos funcionaron como subsidios asistenciales temporales y nunca integraron el haber ordinario de toda la pirámide previsional. Tampoco los aumentos posteriores lograron corregir el atraso, ya que partieron de una base salarial muy deteriorada.

Qué esquema aplicará la ANSES y cómo se calculará el pago

Como solución, los magistrados eligieron el esquema de la ley 27.426. Esa norma establecía aumentos trimestrales compuestos por un 70 por ciento de inflación y un 30 por ciento de variación salarial según el índice RIPTE. El tribunal prefirió usar una regla que el Congreso ya había aprobado en el pasado, en lugar de aplicar el decreto actual de forma retroactiva.

El organismo previsional definirá el monto final durante la etapa de liquidación. Para evitar pagos duplicados, la ANSES descontará los aumentos, adelantos y bonos que la demandante ya cobró en esos años. También aplicará la tasa pasiva promedio del Banco Central para calcular los intereses y asumirá los costos judiciales del proceso.

Por otro lado, la Cámara declaró inconstitucional el tope jubilatorio de la ley 24.463 si la liquidación final genera una quita igual o mayor al 15 por ciento.

El impacto del fallo para el resto de los jubilados

Esta sentencia resuelve únicamente el caso particular de Galletta y no ordena un aumento automático para todos los beneficiarios del sistema. Sin embargo, el fallo suma un antecedente clave para quienes inicien sus propios juicios contra el Estado. Se trata de la segunda resolución de este tipo en el país, tras una medida similar de la Cámara Federal de Mendoza que hoy analiza la Corte Suprema.

Según especialistas en derecho previsional, este criterio beneficia especialmente a quienes se jubilaron antes de 2020 y perciben haberes medios o altos sin bonos de refuerzo. En esos casos, el reajuste podría representar una mejora de hasta el 70 por ciento en sus ingresos mensuales, siempre que los tribunales superiores confirmen la sentencia ante una eventual apelación de la ANSES.

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