El juez federal Martín Cormick impuso una sanción económica de 100.000 pesos diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli. El magistrado tomó la decisión por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida judicial responde a una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Las instituciones académicas reclaman la actualización de los salarios docentes y el envío de fondos para becas estudiantiles.
La resolución exige actualizar los sueldos del sector y garantizar los presupuestos educativos. Sin embargo, desde la Casa Rosada confirmaron que apelarán la sanción. El Poder Ejecutivo argumenta que otorgó aumentos significativos durante el año. Además, los funcionarios afirman que no pueden asumir nuevos gastos sin comprometer el equilibrio fiscal del país.
Estrategia judicial del Gobierno ante los fallos en contra
El Gobierno nacional prepara su defensa a través de la Procuración del Tesoro. El equipo legal busca frenar la aplicación de las multas mientras avanza el proceso de fondo. Además, desde el oficialismo criticaron al juez Cormick por sus decisiones anteriores. Dirigentes libertarios señalaron que el magistrado dictó varios fallos contrarios a las medidas del presidente Javier Milei.
En paralelo, la administración central busca validar el Decreto 759. Mediante esa norma, el Ejecutivo condicionó la aplicación de la ley a la disponibilidad de partidas presupuestarias en el Congreso. No obstante, la Justicia declaró la inconstitucionalidad de ese decreto en instancias previas. La Corte Suprema también respaldó la validez de la medida cautelar a favor de las universidades.
Nueva marcha federal en defensa de la educación pública
La sanción judicial contra la Jefatura de Gabinete se produce en la previa de una nueva movilización nacional. Estudiantes, docentes y gremios se concentrarán frente al Congreso de la Nación para exigir el cumplimiento de la ley. La marcha sumará el apoyo de diversos sectores sociales y sindicales.
Por su parte, las autoridades universitarias valoraron la fijación de sanciones económicas directas sobre los funcionarios responsables. Los rectores consideran que la medida sienta un precedente clave para garantizar el cumplimiento de las normas. Mientras la causa avanza en los tribunales federales, las comunidades académicas mantienen las protestas en las calles para reclamar soluciones presupuestarias definitivas.
