El diputado por Cafayate presentó un proyecto de ley para establecer pautas de identificación, administración, resguardo y transferencia de los activos digitales gubernamentales. La iniciativa busca garantizar la continuidad de la información ante los cambios de autoridades.
El diputado provincial por Cafayate, Patricio Peñalba, presentó un proyecto para regular los activos digitales estatales. La iniciativa busca proteger las plataformas, sistemas informáticos, bases de datos y redes sociales públicas. Estos recursos forman parte del patrimonio del Estado provincial. Por esta razón, ningún funcionario o empleado puede utilizarlos como bienes propios.
Protección del patrimonio y acceso a cuentas
Actualmente existe un vacío legal respecto a los bienes intangibles públicos. El proyecto fija pautas claras para la identificación, resguardo y transferencia de estas herramientas. Muchos municipios pierden el acceso a sus perfiles oficiales durante los recambios de gestión. Esta pérdida ocurre porque el personal crea los canales digitales con correos o teléfonos particulares.
El Gobierno invierte dinero público en desarrollar contenidos, tomar fotografías y pagar publicidad para sumar seguidores. Por ello, la norma establecerá que las cuentas institucionales deben abrirse siempre mediante mecanismos oficiales. De esta forma, los perfiles quedarán vinculados formalmente al organismo correspondiente.
Resguardo de bases de datos y convenios
La propuesta exige un cuidado estricto sobre la información que administra el Estado salteño. Las bases de datos poseen un elevado valor estratégico para las políticas públicas y un gran atractivo comercial. El texto busca evitar ciberataques externos y filtraciones de datos hacia el sector privado.
Como ejemplo, el legislador citó los registros de personas que buscan empleo a través de portales oficiales. El personal estatal no podrá transferir esos padrones a empresas privadas para fines comerciales. Además, el marco fijará límites claros para las compañías informáticas que prestan servicios al sector público.
Alcance institucional y protocolo de traspaso
La ley abarcará al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. También incluirá al Ministerio Público y a los organismos autárquicos provinciales. La normativa fijará criterios homogéneos para que las dependencias compartan información de forma segura.
Finalmente, la iniciativa resolverá las dificultades que surgen durante las transiciones de gobierno. El proyecto establece un protocolo obligatorio para entregar claves, accesos y documentos digitales de manera formal. Con este mecanismo, la provincia garantizará la continuidad del Estado y la protección de su memoria institucional.
