La Legislatura de Salta convirtió en ley un marco de protección fitosanitaria para la producción local de bananas. La norma busca resguardar los cultivos del norte provincial ante el riesgo de ingreso de plagas externas. La iniciativa ya contaba con la aprobación del Senado y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La producción bananera se concentra principalmente en los departamentos Orán y San Martín. La provincia cuenta con 2.784 hectáreas cultivadas y unos sesenta productores. Además, Salta concentra entre el 65% y el 70% de la producción nacional de esta fruta.
El impacto de la desregulación nacional y el temor al Mal de Panamá
El gobierno provincial impulsó el proyecto tras la emisión de la Resolución 114/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Dicha norma derogó regulaciones anteriores que exigían controles estrictos para el ingreso de bananas importadas al NOA y NEA.
Los productores manifestaron una profunda preocupación por la posible llegada de patógenos peligrosos. Entre las principales amenazas figura el Fusarium Raza 4 Tropical, conocido como el Mal de Panamá. Esta enfermedad destruye las plantaciones y deja la tierra improductiva durante décadas sin cura química conocida. La sigatoka negra representa otro de los riesgos fúngicos que vigilan de cerca los especialistas.
Requisitos estrictos para la fruta importada
La nueva ley establece exigencias obligatorias para el ingreso de bananas importadas a territorio salteño. Los importadores deben presentar el Certificado Fitosanitario de Origen y la Autorización Fitosanitaria de Importación. También se exige la presentación de declaraciones juradas de procedencia y destino junto al Documento de Tránsito Sanitario Vegetal Electrónico.
Los transportes deben superar verificaciones obligatorias en los puestos de control provinciales y circular libres de restos vegetales. La autoridad de aplicación, bajo la órbita del Ministerio de Producción, posee facultades para inspeccionar, tomar muestras y aplicar decomisos, multas o clausuras ante cualquier infracción.
Debate legislativo y cruces políticos
El proyecto generó discusiones intensas en la Cámara de Diputados. El legislador oficialista Fabián Valenzuela defendió la norma y aclaró que el objetivo no es cerrar el mercado, sino igualar las condiciones sanitarias. Desde el bloque de La Libertad Avanza, los diputados Eduardo Virgili y Franco Lastra cuestionaron la constitucionalidad de la medida al considerar que vulnera competencias federales exclusivas.
Por otro lado, la Cámara dio media sanción a un proyecto impulsado por Gastón Galíndez para crear el Sistema Provincial de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil.
La sesión culminó con un fuerte cruce verbal. El diputado Guillermo Durand Cornejo cuestionó las construcciones informales y emitió duras declaraciones políticas. El presidente del cuerpo, Esteban Amat, intervino para pedir orden en el recinto. Los legisladores Mónica Juárez y Frida Fonseca respondieron de inmediato para cuestionar los dichos y defender el respeto institucional.