El Gobierno provincial pide mayor presencia de fuerzas federales, tecnología y recursos para combatir el narcotráfico en la frontera con Bolivia.
La seguridad en la frontera norte volvió al centro de la agenda política en Salta. La provincia limita con Bolivia y Paraguay. El avance del narcotráfico genera una fuerte discusión sobre los recursos necesarios para controlar la zona.
Diferentes operativos en Aguas Blancas, Salvador Mazza, Orán y Tartagal terminaron con secuestros de droga. Ante esta realidad, el gobernador Gustavo Sáenz sostiene que Salta no puede afrontar sola los gastos de la seguridad fronteriza.
El pedido de recursos al Gobierno nacional
Sáenz afirma que la custodia de los límites provinciales es una obligación federal. Por eso, exige una mayor presencia del Estado nacional en el norte. El reclamo incluye radares, tecnología, más efectivos y equipamiento para la Gendarmería Nacional.
Los legisladores salteños apoyan los proyectos para endurecer las penas contra el narcotráfico. Sin embargo, aclaran que las leyes necesitan presupuesto y vehículos para dar resultados reales. Reforzar solo las grandes ciudades puede desplazar el crimen hacia las provincias norteñas.
Críticas a la gestión de la frontera
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, criticó la política de seguridad nacional. El funcionario advirtió que el Estado nacional retira herramientas clave para combatir el delito en la zona.
Zigarán señaló que Nación planea cerrar una unidad antinarcóticos en General Mosconi para trasladarla a Tucumán. Según el funcionario, esta decisión envía una señal equivocada. Combatir la droga cuando ya cruzó la provincia significa actuar demasiado tarde.
Tensión y violencia en la zona limítrofe
La situación en la frontera registró nuevos episodios de violencia. En las últimas semanas ocurrieron enfrentamientos con bagayeros y agresiones al personal de seguridad. Recientemente, un conductor atropelló a un gendarme durante un control y le provocó fracturas graves.
El interventor explicó que el Plan Güemes perdió la fuerza inicial que mostró tras su lanzamiento. Por este motivo, solicitó reforzar la presencia de las fuerzas federales para evitar que la zona quede descontrolada.
El pedido de una Ley de Derribo
Zigarán pidió que el Congreso apruebe una Ley de Derribo para frenar las avionetas clandestinas. Según sus estimaciones, decenas de vuelos sospechosos cruzan el cielo norteño cada mes sin control alguno.
El funcionario trabaja en este proyecto junto a la diputada nacional Eliana Bruno. Además, remarcó la necesidad de instalar más radares y sumar cooperación internacional para frenar las rutas del narcotráfico hacia el exterior.
