El juez Diego Rodríguez Pipino ordenó la prisión preventiva de un hombre de 55 años acusado de raptar y abusar sexualmente de una adolescente de 16 años en Salta.
La causa está a cargo de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 3 (UDIS 3). La auxiliar fiscal Celeste Morales representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia tras la disposición de la fiscal interina María Luján Sodero Calvet.
El hecho investigado ocurrió a fines de agosto cerca del club Gimnasia y Tiro. La Fiscalía imputó al sospechoso por los delitos de rapto y abuso sexual con acceso carnal en dos oportunidades en concurso real. Las penas por abuso sexual van de 6 a 15 años de prisión, mientras que el rapto prevé de 1 a 4 años.
El ataque en un gimnasio y la denuncia en Tres Cerritos
Según la declaración de la víctima en Cámara Gesell, ella conocía al hombre de una parada de colectivos. El acusado la interceptó en la vía pública, la tomó del brazo y la obligó a subir a su automóvil. Luego la trasladó hasta un gimnasio ubicado entre las calles San Luis y Cornejo, en el macrocentro salteño.
Dentro del establecimiento, el agresor encerró a la joven en una habitación y cometió dos ataques sexuales contra su voluntad. La menor intentó pedir auxilio, pero el hombre le impidió escapar. Antes de dejarla ir, el sujeto la amedrentó y le afirmó que tenía contactos con la Policía para evitar la denuncia. El padre de la joven radicó la presentación en la Comisaría 3 de Tres Cerritos.
Detención en el puesto de Aunor y medidas judiciales
Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realizaron pericias médicas e iniciaron la búsqueda del sospechoso. Las autoridades interceptaron al acusado en el puesto de control de Aunor cuando intentaba abandonar la provincia. La detención se concretó de inmediato para garantizar la continuidad del proceso judicial.
El juez Rodríguez Pipino aceptó el pedido de la Fiscalía para mantener al acusado bajo prisión preventiva. Las autoridades continuarán con el análisis de pericias y la recolección de pruebas durante las próximas semanas. El proceso busca determinar el grado definitivo de responsabilidad penal del imputado.
