El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, encendió las alarmas y llevó a la Justicia Federal una dura ofensiva contra la nueva y polémica normativa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Tras calificar de «retrógrada» la restricción que prohíbe el traslado de paquetes superiores a diez kilos hacia Bolivia, el funcionario advirtió que la medida destruye la economía de los municipios de frontera y amenaza con empujar masivamente a los trabajadores locales hacia los circuitos del contrabando. En un contundente llamado de atención que expone la brecha entre el discurso de libre comercio nacional y la dura realidad del bagayeo en el norte del país, el municipio solicitó la suspensión inmediata del nuevo régimen y reclamó una discusión binacional urgente para frenar un colapso social evitable.
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, cuestionó con dureza la nueva normativa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El funcionario presentó un recurso de amparo ante la Justicia Federal para frenar los cambios en el régimen de comercio fronterizo. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal número dos.
El planteo busca suspender las restricciones impuestas por el organismo nacional. Además, la presentación solicita volver de forma provisoria al régimen comercial vigente desde 1986. Zigarán tildó la medida de retrógrada y criticó la falta de consideración hacia la realidad económica social del norte salteño.
El límite de diez kilos y el riesgo de informalidad
Uno de los puntos más polémicos de la medida limita el traslado de mercadería a Bolivia a paquetes de diez kilos. La norma prohíbe la salida de granos como trigo, maíz y soja. Además, afecta a productos básicos como harina, azúcar, arroz y alimento para mascotas.
Zigarán advirtió que la medida afectará directamente a las familias de la zona. Las restricciones no ordenarán el comercio de frontera. Por el contrario, desplazarán las ventas hacia los circuitos informales. La imposibilidad de vender bolsas tradicionales de veinticinco o cincuenta kilos empujará a los trabajadores al contrabando.
Impacto en las finanzas locales y necesidad de diálogo binacional
Las localidades fronterizas sufren las consecuencias directas de estas decisiones tributarias. El movimiento de mercaderías genera ingresos vitales para los municipios. Estas comunidades funcionan como un amortiguador social frente a la falta de empleo formal.
El interventor remarcó la desigualdad de condiciones entre los pasos fronterizos de Aguas Blancas y Bermejo. Ante esta brecha, el funcionario pidió crear una comisión binacional de diálogo entre Argentina y Bolivia. La prioridad debe enfocarse en resolver problemas estructurales y ordenar el tránsito en chalanas sin asfixiar la economía regional.
Alternativas laborales para los jóvenes de la frontera
El debate debe incluir planes de desarrollo regional y no solo controles aduaneros. Muchos estudiantes secundarios terminan sus estudios y no encuentran oportunidades de empleo formal o educación superior. Sin alternativas en el mercado local, los jóvenes quedan atrapados en el transporte informal de mercadería.
Zigarán propuso impulsar industrias en las zonas de frontera. De este modo, las comunidades del norte contarán con fuentes de trabajo genuinas para evitar la dependencia exclusiva del bagayeo.
