Cada 30 de agosto desde el año 2011 se celebra internacionalmente el día de las víctimas de desapariciones forzadas, fecha establecida por la asamblea general de las Naciones Unidas.
El objetivo de esta fecha es “exigir verdad, justicia y, además, honrar la memoria de los desaparecidos”.
Este día tiene el propósito de permitirle a la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU hacer una observación general del número de desapariciones forzadas que se han producido en el mundo durante ese año y compararlas con los datos de años anteriores, para saber si el problema se ha agravado, mejoró, o sigue igual.
La desaparición forzada refiere a “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”, tal como ha sido definida en el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Esta práctica antidemocrática se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos.
La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.
