La embajada de China en Argentina emitió un comunicado en medio del debate con la base instalada en la Antártida junto a Estados Unidos y defendió la base que está instalada en Neuquén.
«La Estación de Espacio Lejano en Neuquén es una instalación de cooperación tecnológica espacial entre China y Argentina. Los científicos tanto de Argentina como de China tienen acceso al uso de esta estación para investigación científica», expresó en primer lugar.
En esa línea, agregó: «Además de ofrecer servicio de medición y control para proyecto aeroespacial de China, gracias a la coordinación de CONAE, esta estación también trabaja junto con los organismos y empresas de varios países en la exploración espacial».
Por otro lado, continuando con su descargo, la Embajada se refirió a los múltiples beneficios locales que trae la estación y recordó que ya existió una visita en el lugar. «El gobierno local y escuelas de Neuquén utilizan esta estación para la divulgación de conocimientos espaciales. En 2019, la cancillería argentina y CONAE coordinaron una visita de delegación de representantes diplomáticos, incluyendo de Estados Unidos, a la estación», explicó, y concluyó: «Todo esto demuestra plenamente el carácter civil y el modelo de operación abierto y transparente de dicha estación».
El Gobierno investigará la base china en Neuquén
La base, oficialmente conocida como “Estación de Espacio Profundo de la China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC)”, se encuentra en las proximidades de Bajada del Agrio, en Neuquén, y alberga antenas de radio de gran tamaño utilizadas en misiones interplanetarias y observaciones de radioastronomía.
En los próximos días, el Gobierno confirmó que hará una exploración en el lugar. Hasta la fecha, distintos ministros, embajadores y científicos de la Comisión Nacional de Actividades Especiales (CONAE) como del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) “no encontraron ningún militar chino o actividades con fines militares” dentro de las instalaciones.
El acuerdo se firmó durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner en 2012 y se otorgó por 50 años la potestad de esas 200 hectáreas a una empresa que responde al ejército del gigante asiático. El acuerdo pasó por el Congreso y fue aprobado por la mayoría de los legisladores.
