El Gobierno dispuso el cierre definitivo del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). La medida se hizo oficial a través del Decreto 696/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Pero había sido anticipada anoche por el vocero presidencial Manuel Adorni: «Faltaba su muerte administrativa: mañana (por hoy, martes) el INADI habrá dejado de existir para siempre».
«Disuélvase el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia», dice la Resolución en su artículo 1°. «Las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo», quedarán a cargo de la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona.
Por eso, también se le transfieren al Ministerio «la totalidad de los recursos materiales y financieros» asignados al disuelto organismo. Asimismo, su personal alcanzado por el régimen de estabilidad, quedará sujeto a los dispuesto por el artículo 11 del Anexo de la Ley 25.164.
POR QUÉ SE CIERRA EL INADI
Las autoridades designadas por el nuevo Gobierno habrían detectado una serie de irregularidades en el manejo del organismo. En los considerandos de la Resolución, el Ejecutivo mencionó «graves irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos; sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional; retrasos injustificados en la solución de denuncias y expedientes administrativos e ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia».
Siempre según el informe, tampoco se encontraron registros «fidedignos» ni de sus actividades ni de ninguno de los pagos de haberes efectuados previo a diciembre de 2023, ni tampoco con procedimientos tendientes a garantizar las tareas de control y fiscalización en la utilización de los recursos. Además, se detectó que «la gestión de los contratos de locación de inmuebles, así como el pago de los distintos servicios y gastos operativos, ha sido tardía e ineficiente, y su incumplimiento importó para el Estado Nacional la asunción del pago de intereses periódicos en perjuicio del Tesoro Nacional». A su vez, el análisis de gestión también reveló la existencia de 7.788 actuaciones administrativas -generadas desde 2016- sin resolver.
En diciembre del año pasado, el INADI contaba con 431 agentes activos, distribuidos en 44 sedes, entre delegaciones y subdelegaciones en todo el país, «sin control alguno sobre la efectiva prestación de sus labores». Durante 2023, el Estado destinó más de 1.000 millones de pesos para su funcionamiento. Y en marzo de este año, se destinaron 315 millones de pesos al pago de salarios del organismo.
El INADI fue creado en 1995 mediante la Ley 25.515 «con el objetivo de elaborar y llevar adelante políticas públicas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo».
En el 2000 se ordenó por primera vez su intervención, y tras un breve período, entre 2006 y 2009, se volvió a este esquema.
«La experiencia recogida en las sucesivas intervenciones antes mencionadas, efectuadas por distintas administraciones, de diversos signos políticos, demuestra que el estado de ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades y acciones evidencian que el diseño organizacional adoptado no resulta idóneo para alcanzar los objetivos constitucionales en la materia», sostuvo el Ejecutivo.
En síntesis, «el fracaso del instituto de la intervención para lograr la normalización del funcionamiento del referido ente, los graves inconvenientes detectados que dan cuenta no solamente de irregularidades en la gestión de los recursos sino, más grave aún, en el incumplimiento por parte del Instituto de sus funciones específicas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, así como razones de índole operativa de la Administración Pública Nacional, y la ineficiencia e ineficacia del Inadi», constituyen para el Gobierno nacional «motivos suficientes» para disolver «con urgencia» el precitado organismo.
