La Justicia argentina, por pedido del juez federal Sebastián Ramos, emitió una alerta roja a Interpol contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y varios funcionarios de su gobierno, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores y alto mando militar de Venezuela, Diosdado Cabello, por delitos de lesa humanidad.
Según informó La Nación, uno de los abogados de la querella, Tomás Farini Duggan, dejó en claro que la detención «es muy difícil por las inmunidades parlamentarias que tiene respecto de él» y que es importante que la Argentina «haya dicho que lo que ocurre en Venezuela es que no hay un gobierno, sino que hay una banda armada».
A pesar de esto, si Interpol acepta la alerta roja, los países miembros no están obligados a detener a Maduro ni a sus funcionarios porque, en muchos casos, es vinculante. Igualmente, hay otros Estados en los que se considera una recomendación de acción.
La orden se emitió después de que se escuchen los testimonios de personas presentadas como víctimas del Estado venezolano, por lo que los camaristas concluyeron que hubo un plan de represión sistemática y desaparición de personas desde, al menos, 2016.
El desarrollo de la causa se enmarca dentro del principio de “jurisdicción universal” consagrado en la Constitución argentina, que permite juzgar ciertos delitos fuera de sus fronteras.
