La tensión en la salud pública de Salta llegó a un punto límite tras la paralización de las cirugías programadas en los hospitales de la Capital y el interior por un durísimo conflicto con los médicos anestesistas; una crisis donde el ministro Federico Mangione cruzó al sector gremial acusándolo de recibir honorarios millonarios y denunciar presuntas irregularidades en la facturación, al tiempo que advirtió que el Ejecutivo no dudará en recurrir a la Justicia para frenar las medidas de fuerza y garantizar la atención quirúrgica de cientos de salteños que permanecen en lista de espera.
La tensión entre el Gobierno de Salta y la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación alcanzó un punto crítico. La medida de fuerza de los profesionales paraliza las cirugías programadas en los hospitales públicos de la provincia. Ante esta situación, el Ejecutivo advirtió que recurrirá a la Justicia para garantizar la atención sanitaria.
Los hospitales solo mantienen la cobertura de guardias y emergencias. Por su parte, cientos de pacientes sufren la postergación de sus intervenciones en centros clave como el Hospital San Bernardo y el Materno Infantil.
El ministro Federico Mangione calificó el paro como un gran daño para la comunidad. Si bien el funcionario reconoció la existencia de retrasos en los pagos, cuestionó los montos reclamados. Además, denunció que las auditorías oficiales detectaron anomalías técnicas como superposiciones horarias e inconsistencias en las liquidaciones.
Mangione afirmó que el Gobierno no aceptará extorsiones. El ministro descartó otorgar nuevos aumentos salariales por fuera de los acuerdos estatales vigentes. Según cifras oficiales, la Provincia desembolsó más de 3.659 millones de pesos durante 2026 en concepto de guardias y prestaciones médicas.
Desde el sector gremial justifican la protesta en la constante demora administrativa para el cobro de servicios. La entidad sostiene que la provincia abonó expedientes de mayo recién en el mes de octubre. Esta brecha económica motivó la interrupción de las actividades no urgentes.
Por otro lado, la cartera sanitaria señaló la falta de especialistas en el sistema público. El ministro estimó que Salta necesita incorporar entre 20 y 30 anestesiólogos para cubrir la demanda actual. También acusó al gremio de frenar el ingreso de nuevos residentes al sistema de formación.
Posible judicialización del conflicto
El Gobierno provincial mantiene canales de diálogo abiertos con los representantes del sector. Sin embargo, las autoridades remarcaron que la prioridad absoluta es la salud de los salteños.
Si los especialistas no levantan la medida de fuerza de forma inminente, el Ejecutivo formalizará las presentaciones correspondientes ante la fiscalía o la justicia laboral. La meta oficial busca liberar los quirófanos y normalizar las intervenciones suspendidas en toda la provincia.
